Mano propia

 

Dejemos algo claro desde el principio: no voy a hablar de “justicia indígena”. En mi ideario personal ese concepto no tiene asidero técnico y tampoco tiene un parámetro objetivo de ancestralidad. Habrá excepciones, como en tribus del oriente, por ejemplo. Tampoco quiero decir que se desconozca los procesos extrajudiciales de resolución de conflictos internos que puedan tener lo miembros de organizaciones como comunas y recintos. Además, esa discusión aún está abierta y todavía ruego que llegue alguien que me haga cambiar de opinión.

Hoy hablo de otra cosa.

Lo de hoy es capturar a un delincuente y darle palo. Eventualmente, matarlo. Digan lo que digan los pseudo dirigentes, ahí no hay un debido proceso ni respeto a derechos de ningún tipo. Pero no todo es malo ni bueno por si mismo, por eso hay que explicarlo con un análisis objetivo.

Verán, la ley del ojo por ojo fue la manera más aceptada de impartir justicia desde hace milenios. Antiguamente, el gobernante, cuando llegaba a determinar que había sucedido un injusto, disponía que el causante sufra el mismo injusto; a veces, de manos de la propia víctima, para que todo sea más “justo”.

Cuando nuestras sociedades aprendieron a organizarse alrededor de lo que hoy llamamos “Estado”, los individuos debieron ceder muchos derechos y libertades a cambio de que el Estado les garantice otros y les permita, juntos, alcanzar metas más grandes. Es obvio: solito no puedo, juntos como Estado si podemos, pero tenemos que ceder algunas individualidades.

Con la justicia no es diferente. La venganza, que para algunos es un derecho natural, se cede al Estado, para que sea él quien dé el tratamiento más adecuado a la situación. De esta forma, en teoría, se evitaba abusos, se humanizaba y racionalizaba la justicia y se llegaría a parámetros de paz y convivencia social adecuados.

La idea es que si me cortan una pierna, en el sistema del ojo por ojo, yo le puedo cortar la pierna al agresor. Pero la sociedad sufría el doble, porque ahora hay dos personas baldadas y, al final, hay dos delincuentes. Al principio del ejemplo había una persona buena y una mala, una baldada y otra sana. Al final del ejemplo había dos personas malas y lisiadas. Es decir, la solución era peor que la enfermedad.

Hoy, el Estado se ocuparía de la venganza, así la persona buena sigue siendo buena, y la persona mala eventualmente podría ser rehabilitada o al menos separada de la sociedad. El castigo sería más “humano” y la sociedad sufriría menos.

Cuando el sistema falla, el bueno puede seguir siendo bueno, pero el malo termina sin ser castigado, ni rehabilitado, ni apartado de la sociedad. Además, la comunidad pierde la confianza en su sistema y esto genera frustración, ira y por tanto, sufrimiento.

Es que la meta del Estado no es solamente ahorrar el sufrimiento social, sino reducir la delincuencia. Esto solo se logra con un sistema judicial que funcione bien. Cuando los juicios llegan a finales adecuados en tiempos adecuados, la sociedad vuelve a confiar en el sistema y deja de lado el método de justicia por mano propia. Los delincuentes, al observar que el sistema es eficiente, dejan de delinquir o se van a países con sistemas más débiles.

Las noticias hoy comunes de ajusticiamientos y castigos extrajudiciales no solo son el resultado del aumento de la delincuencia, sino el síntoma y efecto de un sistema judicial inútil. Si el Estado quiere volver a tener una sociedad tranquila, no le basta aumentar policías, o seguirse haciendo el loco con los ajusticiamientos, sino recomponer el sistema judicial.

Y no hablamos solamente de cambiar a los jueces y fiscales, sino de reorganizar el sistema, desde sus bases, para que los juzgamientos puedan ser más ágiles y eficientes, incluyendo la forma en que se tramitan y la forma en que los jueces están obligados a valorar las pruebas.

Es tiempo de, al menos, hablar de un sistema de juzgamiento por jurados. Es decir, que un grupo de ciudadanos sean los que determinen si alguien es culpable o inocente, y no un juez. Así se hace en Estados Unidos. No es perfecto, pero, insisto, al menos discutámoslo en Ecuador.

Desmanes

 

Creo que ya todos vimos los videos de los desmanes que se dieron en este último feriado, sobre todo en las provincias de la costa. Horroroso.

Me llama mucho la atención ver los comentarios generales en redes sociales donde, casi siempre, lo único que hacemos es buscar culpables. Y esos culpables, de alguna manera, acaban siendo los agentes de gobierno. ¿No nos cansamos de echarle la culpa de todo al gobierno?

Somos como el niño que reiteradamente se mete tierra a la boca, y culpa a sus padres porque no lo impiden.

Es claro: la Policía está reducida y no cuenta con los mecanismos para enfrentar desmanes masivos; además, las leyes los tienen castrados porque no pueden ni lanzar un poco de gas lacrimógeno sin que les caigan juicios y el ataque de las agrupaciones libertinas de siempre. La autoridad local, que es la que debería haber controlado el expendio de licores y el uso de la vía pública también falló, porque un simple comisario con un puñado de agentes municipales, igual o más castrados que la Policía, no puede hacer frente a la marea. ¡Es que no se les puede pedir imposibles!

Si, nuestras autoridades de control en todos los niveles son incapaces de actuar. De un lado no tienen los recursos suficientes, incluyendo el recurso humano; y de otro, no tienen leyes drásticas que puedan aplicar ni sistema judicial que los haga valer. En Ecuador hacemos lo que se nos pega la gana, simplemente porque se puede.

El ecuatoriano promedio, quedó visto, es un animal de instintos bajos. Mucho más ahora, en una sociedad que relativiza todo, que tolera todo. Hemos llegado al punto en que las personas de bien, los inteligentes, los honestos, los que tienen principios y que somos la mayoría, debemos callarnos por no ofender a las minorías perversas, a los desviados, a los estúpidos.

Entonces debo retractarme: el ecuatoriano promedio no es malo, porque dije ya que la mayoría es buena. Pero, ¿de qué sirve una mayoría callada? De nada sirve ser buenos e inteligentes si somos cobardes.

Durante las últimas décadas hemos enviado a los menos aptos a hacer las leyes que rigen el país. ¡Esto es culpa de ellos! Y por ley de la carambola, culpa nuestra que los elegimos. Si, pusimos a decidir nuestros destinos a un puñado de bailarinas, futbolistas, faranduleros y otros quientanserán. Y estas son las consecuencias.

Siempre pido disculpas por las excepciones, que las hay, pero lamentablemente siempre son excepciones. Porque he visto Asambleístas valientes y de discurso coherente, pero no tienen rating, no venden.

Al final del día, los desmanes de carnaval si tienen que ver con el gobierno. Pero no con el actual por su incapacidad de controlar, sino de los anteriores, por su negligencia en el manejo de la República. El sistema educativo es un asco, el judicial mucho más, el aparataje legal es un cernidor por donde se escurre cualquier lixiviado y todo esto ha redundado en un grupo poblacional desquiciado, incapaz de decidir sus propias conductas. Mientras todo esto sucede, la mayoría hace silencio; o, peor: nos mostramos aquiescentes por miedo a caerles mal a los desviados.

El país está roto. Sin unidad, sin principios, sin identidad. Somos el pueblo de nadie donde cualquier exiliado de Macondo puede, sin problemas y con el aplauso de todos, volverse famoso y hasta hacer política. Ya no damos pena sino desesperación.

Con este tipo de sociedad, donde los idiotas reinan y los mejores callan, ¿cómo nos organizaremos para defendernos de lo que se viene? Cuando se acabe de instalar aquí la violencia, seguro, preferiremos negociar nuestros principios antes que defenderlos. Y si la mayoría sigue callada, esa será la mejor opción.

¿Quiénes somos?

 

 

Luego del paro, y comprometidos todos a volver a poner en marcha nuestro país, no podríamos hacerlo bien sin antes saber quiénes somos y cómo llegamos a la situación en la que estamos. Desde ahí, deberemos entender que hay cosas muy arraigadas en nosotros que pueden ser simplemente mentira, y que tenemos que cambiarlas. Si no, no podremos avanzar.

Al día de hoy, nuestra sociedad actúa en base a emociones y no en base a la razón. Además, durante décadas nos han metido ideas en la cabeza que no necesariamente son verdaderas y que fueron inventos de engatusadores de turno.

Una gran mentira es la de los 500 años de lucha y resistencia indígena. De hecho, son muchos años más lo que nuestros pueblos originarios llevan resistiendo. En lo que hoy es Ecuador, en las primeras etapas de las que se tiene alguna investigación, parece, que existían los denominados Cacicazgos, lo que básicamente eran grupos de población organizados bajo el dominio de un Cacique y que, aparentemente, dominaba en base a la represión, la violencia y la esclavitud. En un momento posterior llega la colonización, pero no de España, sino del imperio Inca. Este imperio, como cualquier otro imperio, se expandió y dominó por las armas y la violencia. Así, el famoso Tahuantinsuyo no fue ni puede seguir siendo un sueño ideal de unidad andina, sino que se trataría de un imperio despótico, opresor, genocida y esclavista.

Para cuando llegan los españoles, en la América Andina no habían pueblos originarios establecidos (excepto unos pocos en la sierra y en la costa y los del oriente) sino nacionalidades sin territorio esclavizadas bajo el yugo del Inca. Así siendo, España no llega a subyugar, sino que desplaza al gobierno imperial incásico (obvio, por la fuerza) y hereda las estructuras de explotación que ya estaban instaladas en América. El imperio español no subyugó a los pueblos nativos, porque éstos ya estaban subyugados. Obvio, tampoco es que les hayan dado libertad.

La independencia nacional, donde nos liberamos del imperio español, fue canalizada a través de los criollos. Es decir, los mismos hijos de españoles nacidos en América que se cansaron de la explotación económica del Rey de España. Pero nos olvidamos que una gran cantidad de próceres eran, de hecho, indígenas. Obviamente, a ellos también les convenía acabar con el sistema imperialista y negociar en mejores términos el nacimiento de una nueva república. Así que la independencia del Ecuador se forjó con intereses, sangre, sudor y lágrimas de indígenas y criollos por igual.

Hasta aquí, indios y criollos están empates. Nadie debe nada a nadie, porque juntos creamos esta República.

Lo que si pasó es que, advenida la independencia, dejamos de conversar entre nosotros. Los criollos se dedicaron a la producción, porque su interés siempre fue económico y, parece, que entre los indígenas, en lugar de rehacer sus estructuras sociales, simplemente revivieron a los Caciques, lo que significó retrasar su evolución social.

Llegamos al día de hoy con diferencias ridículas. El mestizo quiere avanzar dentro del mundo actual, bajo parámetros de producción y libertad. Muchos indígenas siguen amancebados en la idea de un imperio, al que ahora quieren llamar “Comunismo Andino”. Esto, básicamente significa la reconstrucción del Tahuantinsuyo como imperio y al Rey Inca como único poder totalitario, disfrazado en la figura de un presidente o líder regional.

Tan arraigada sigue la idea del Cacique, que es bien conocido que una gran cantidad de hermanos indígenas siguen actuando “porque el dirigente ordena” y sin la más mínima razonabilidad sobre sus actos. Las modernas estructuras “de clase” que dominan el sector indígena son Cacicazgos disfrazados de estructuras orgánicas. Son, de facto, estructuras impositivas que para nada velan por el interés de la gente de base, sino solo por las motivaciones políticas y personales de los Caciques que hoy se han cambiado de nombre a “lideres sindicales”, “presidentes de juntas” o líderes de organizaciones como la Conaie, que definitivamente tiene otros y mejores fines que joder gobiernos.

Los hermanos indígenas viven en un micro imperio, dentro del territorio de una República democrática. Son engañados y explotados. Y el resto de sociedad se hace la ciega. Los gobiernos no comprenden el factor cultural que viene de la mano con la protesta violenta.

Urge una reforma educativa profunda y la creación de estructuras de gobierno a las que los hermanos indígenas puedan acceder, de forma directa y sin pseudo líderes intermediarios, para poder lograr sus objetivos que, a la final, son los mismos: más libertad y más dinero para vivir mejor.

Redes sociales y gobierno.

 

En China, un gran empresario del comercio electrónico deja de hacer vida pública, y la prensa se preocupa. Su gobierno también se preocupa cuando él no demuestra estar a su favor. De hecho, parte de la política China se depende de la reacción de sus cinco empresarios más grandes, y particularmente de uno.

En Estados Unidos, al otro extremo del planeta, de la política, de la religión, de la cultura y de todo en general, pasa lo mismo. El Presidente de la supuesta nación más poderosa del mundo, y por lo tanto el supuesto hombre más poderoso del mundo, no puede tener cuentas en redes sociales a menos que los dueños de estas empresas se lo autoricen. Y si quiere irse a otra red social, ésta no funciona porque los más grandes servidores de datos del mundo están en manos, de nuevo, de un puñado de empresas.

Que los grandes capitales manejen la política internacional no es nuevo. Solo que ahora es más obvio y descarado. A nivel nacional pasa lo mismo. Incluso a nivel local, nuestras ciudades no necesariamente se mueven hacia donde necesita la mayoría, sino hacia donde menos perjudica ciertos intereses.

Y esto no está del todo mal, si consideramos que los grandes capitales son, al final del día, los que mantienen la economía moviéndose. Que la política cuide los grandes capitales, no necesariamente es una corrupción del gobierno, en tanto este cuidado signifique asegurar también los beneficios sociales que toda inversión privada conlleva. Al Ecuador, por ejemplo, le hace falta política de atracción de la inversión; pero más falta le hace políticas de cuidado y respaldo de estas inversiones. ¡Que grato fuese que nuestro país cuidara a sus inversionistas!

Lo malo es que los capitales intervengan en la política en desmedro de derechos de otros, o incluso en abierta competencia desleal y abusiva. Los gobiernos de los países más poderosos empezaron protegiendo estas inversiones, y hoy se han convertido en sumisos a ellas. Existen corporaciones que, prácticamente, poseen países.

Cuando se propone un libre mercado, muchos pensamos en comercio sin muchos impuestos, pocas barreras arancelarias, menores costos de producción, etcétera. Pero de lo primero que debe ser libre el mercado es de la injerencia del gobierno. Y los gobiernos deben ser libres, principalmente, de otros gobiernos, de la presión de los medios y de las coacciones de los grandes capitales.

La izquierda más zurda, al proponer el control del gobierno sobre el capital, no hace sino proponer un monopolio peligroso, con un único dueño que será, obviamente, el caudillo de turno. La derecha más extrema sostiene que la empresa privada debe hacerse cargo de todo lo que pueda proveer una ganancia, y el estado de lo que es gasto social. Al final del día, por la izquierda o la derecha, los de a pie terminamos siendo poseídos, como si fuésemos ganado, por privados.

No importa si la empresa es pública o privada, atrás hay un caudillo o un empresario que, de facto, la posee. Hemos dejado de ser usuarios de un servicio, para ser el producto a comerciar. La información que gratuita y alegremente les damos a estas entidades es comercializada con diversos fines. A veces para vendernos más cosas, incluyendo candidatos y doctrinas; y a veces para perseguirnos y controlarnos. Todo depende del cliente, que a veces son otras empresas y a veces es el mismo caudillo.

El internet comercial no es libre: tiene dueños. Pero promover la libertad total de las comunicaciones tiene otros riesgos para una nación como espionaje, delincuencia y terrorismo. Sea como fuere, al final, somos tratados como propiedad de los gobiernos y como propiedad de las empresas a quienes les hemos vendido el alma a cambio de algo de distracción. Nuestros gobiernos se han convertido en una red social, y las redes sociales en gobierno.

 

Independencia

 

Hoy, como hace un poco más de doscientos años, lo que algún día esperamos sea nuestro país, se encontraba dividido. Entonces, como ahora, se nos exigía contribuciones económicas para mantener una estructura invisible que solo servía a unos pocos. Estábamos, y estamos, tan distraídos en sobrevivir que no nos podemos concentrar en aquello que nos mantiene en zozobra.

Los intelectuales de la era pre-republicana, igual que los de hoy, carecen de los espacios para compartir su sabiduría. O deben mantenerse callados, o están en otros países que los tratan mejor.

En aquella época, Europa veía caer a sus reyes y América se aprovechaba de las circunstancias de quienes eran sus dueños. Hoy, debemos escoger si servimos a China o a Estados Unidos, porque no podemos existir por nosotros mismos. En aquel entonces aprovechamos los conflictos europeos, hoy estamos sentados al costado de la mesa donde se juega la guerra fría internacional, esperando que se caiga alguna migaja. En 1809 nuestra economía era residual y basada en la explotación brutal de los recursos; igual que ahora. Lo que producíamos era vendido al precio que la corona decidía, tal como hoy lo hacen los llamados mercados internacionales.

Entonces no podíamos elegir a nuestros líderes; y sorprendentemente hoy tampoco. Los colonizadores clásicos simplemente negaban la democracia, y los modernos colonizadores nos fabricaron un sistema fraudulento que nos contenta con darnos una papeleta cada par de años. Al final el resultado es el mismo: la gente no puede elegir a quienes realmente necesita.

En 1809 había un grupo de intelectuales y guerreros independentistas que forjaron la independencia sin recursos, sin gobierno, sin autoridad, sin reconocimiento y con mucho miedo. Los últimos 10 años, en cambio, el Ecuador abundaba: la economía era boyante, el gobierno tenía credibilidad y por tanto gobernabilidad plena ocupando todos los poderes del Estado, la comunidad internacional nos veía como un prodigio y la identidad nacional iba viento en popa. Es decir, verdaderamente estuvimos listos para una nueva independencia. Pero aquí no hubo intelectuales ni patriotas, sino mercaderes de almas. Nos vendieron.

Hoy estamos igual que en 1809. Nada ha cambiado en el fondo.

Hoy, igual que entonces e igual que siempre, no somos independientes. Y cuando verdaderamente tuvimos la oportunidad de serlo, nuestra independencia fue vendida por los mercaderes, perjudicando a millones por el beneficio económico de un ciento. Y no podemos hacer nada, porque dependemos de un sistema judicial deficiente, de una estructura legal ineficaz y de la voluntad política de quienes pugnan por ser los futuros dueños de la chacra.

Hoy no somos independientes. No nos hemos ganado el derecho a serlo y por lo tanto tampoco a festejarlo.

Para poder volver a gritar independencia, un buen inicio será sancionar a aquellos que nos robaron nuestra segunda oportunidad de ser libres. Y no vamos a esperar que el sistema judicial lo haga por nosotros, porque no puede. La respuesta debe ser en las urnas.

Solo cuando tengamos un parlamento diferente, dotado de intelectuales y patriotas como en 1809, solo entonces podremos iniciar la nueva guerra de independencia. Es que esta guerra no será con sangre o en las calles como algunos pseudidirigentes pregonan, con mas tinte terrorista que patriotista. La guerra por recuperar la república debe darse dentro del mismo sistema. Y para librarla debemos ocupar una posición estratégica: hay que devolver el legislativo al pueblo. Y solo el pueblo puede tomarlo.

Hoy, igual que entonces, dependemos de la reacción de todos. Hoy igual que entonces, hace falta conciencia y unidad. Hoy, igual que entonces, debemos desconocer las estructuras que han montado los que nos oprimen y crear otras que nos beneficien. Hoy, igual que entonces, es urgente empezar a pensar por y para nosotros mismos.

Y mientras hoy siga siendo igual que entonces y no otra cosa, seguiré ahogando el grito de ¡viva la idependencia!

Aborto

Desde hace ya mucho se discute sobre la legalización del aborto. Y parece que la pugna se trata en términos morales más que técnicos. Esto es triste, porque al final del día, y aunque la ley deba ser un reflejo de los principios que imperan en una sociedad, también es verdad que esta ley debe ser útil y eficaz.

En el caso del aborto clandestino, como con el consumo de drogas, sucede que su propia clandestinidad impide que tengamos datos precisos del fenómeno. Sin estos datos, el Estado no puede fabricar políticas públicas adecuadas.

Las mujeres que han decidido abortar lo harán sin importar su legalidad. De hecho, esta clandestinidad lo vuelve más riesgoso para ellas. De otro lado, el asunto del aborto no se soluciona con política penal, sino con política de salud y educación. El Estado debe invertir más recursos en analizar el problema del embarazo en menores de edad, por ejemplo, y menos en perseguir a estas muchachas.

Pero debemos tener claro que hay dos conceptos diferentes: despenalizar el aborto, con lo que estoy de acuerdo; y, legalizar el aborto, con lo que discrepo.

Despenalizar quiere decir que una conducta ya no será castigada. Nada más.

Legalizar podría significar un universo de situaciones que no queremos confrontar hoy. Por ejemplo, que un procedimiento médico de este tipo sea cubierto por el sistema de seguridad social, o peor, que la política de salud o de control de natalidad se encarrile en este sendero. Esto, creo yo, muy pocas personas lo desean.

Despenalizar si. No veo motivo para que una mujer que ya tiene que pasar por este proceso traumatizante deba, además, ser encarcelada. Y es que casos hay muchos, pero en gran parte se trata de adolescentes desesperadas, de mujeres que están encerradas en relaciones violentas y otras tantas que carecen de las oportunidades para criar un niño. Muchos dirán que nada es pretexto, pero es indispensable intentar imaginarnos en la situación de otra.

Despenalizar el aborto podría significar la reducción de muertes de mujeres por prácticas médicas inadecuadas, pues podrán acceder a clínicas legales que cumplen con todos los requisitos. Además habrá un registro real de esta práctica que puede ser utilizado para mapear el problema y establecer mejores estrategias contra él. El embarazo adolescente, por ejemplo, parece ser más un problema de educación que de política criminal. Los embarazos no deseados en las zonas rurales son un conflicto cultural y de salud, no criminal.

Caso aparte son asuntos relacionados con violaciones o mujeres gravemente enfermas, con enfermedades terminales o incapacidades mentales. Creo que en estos casos los sistemas de salud del Estado si deben procurar el acceso a un aborto gratuito.

Al final mi posición es pragmática: combatir el aborto desde lo penal y punitivo es un error y solo ha significado el aumento de los efectos letales de estas prácticas. El Estado ha fallado al enfrentar este problema desde el código penal y no puede hacerlo desde otros frentes porque no tiene las herramientas. Y las herramientas que el Estado necesita son datos, información, estadística, números. Toda esta información, hoy, es clandestina. Necesitamos traerla a la luz para poder actuar.

Así las cosas, para evitar que nuestras hijas aborten, debemos despenalizar el procedimiento. Para poder actuar en contra de un fenómeno, primero debemos conocerlo. Y el Ecuador no conoce a profundidad el fenómeno del aborto. Solo por esto, debe ser liberado de toda sanción.

Matrimonio igualitario

Actualmente en el Ecuador, la unión de hecho entre homosexuales es permitida. Y este estado civil da a estas parejas casi los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Es obvio preguntarse por qué entonces se sigue peleando por el matrimonio homosexual.

Parece ser que la unión de hecho no es suficiente. Y la discusión se enmarca en la igualdad de condiciones entre heterosexuales y homosexuales. Pero parece ser que el carácter práctico de este discurso es pobre.

La palabra matrimonio proviene del latin mater, es decir madre; y monium que se refiere a rituales legales. Esta palabra históricamente se empleaba para referir el estado jurídico de una mujer casada, a la legitimidad de su maternidad y a su unión para con un hombre así como a todos los efectos económicos y sociales que esto deriva. El origen conceptual de la palabra matrimonio no alcanza para definir una unión homosexual. Además, nuestra Constitución en su artículo 67 claramente establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, así que cualquier intento de hacer lo contrario debe pasar primero por una modificación de nuestra máxima Ley, lo que implica un cambio en los paradigmas de todo el Estado ecuatoriano como ente común. Esto puede traer algunos riesgos, pues debilitaría el bloque de constitucionalidad y nos obligaría a pensar en una rara Constitución flexible.

No puede permitirse el matrimonio homosexual en el Ecuador. Y no estoy en contra de la idea, pero si de las formas: por concepto y por Constitución, esta idea no se puede realizar: el matrimonio no es la manera en que una pareja sexodiversa pueda unirse en este país, punto. Pero estoy completamente de acuerdo que las personas deben explotar su derecho a ser felices, y a formar una familia en la forma que deseen. También creo que el Estado debe apoyar estas uniones y permitir formas de proteger a los miembros de estas parejas frente a las eventuales problemáticas que puedan tener. Por ejemplo: constituir un patrimonio mancomunado, ser tratados como pareja o familia en sentido amplio, solucionar sus controversias desde la óptica de la violencia intrafamiliar, etcétera.

Pero insisto: la unión de hecho ya incorpora todos estos beneficios y posibilidades. Así que la pelea por el matrimonio igualitario parece tener más tintes políticos que prácticos. Dicho de forma más simple: a una pareja homosexual, en la práctica, les da lo mismo estar casados que tener una unión de hecho reconocida. ¿O no?

Creería yo que todo este tema es un distractor que nos abstiene de otra discusión posiblemente más trascendente: la adopción de niños por parte de parejas sexodiversas. Sería interesante transparentar el discurso.

La adopción de niños por parte de parejas sexodiversas no se ha discutido. Este tema, tabú, no se trata abiertamente. Quienes se encuentran en situación de decidir no quieren discutir porque no quieren pelearse con nadie. Las agrupaciones a favor de la adopción tampoco quieren discutir porque saben que la sociedad aún no está lista para todo esto y tratar el tema con mucha frontalidad podría lograr que esta sociedad ponga presión en los políticos, quienes acabarán decidiendo en contra, como siempre, en base a sus miedos, y no en base a la realidad.

Resulta más fácil y menos llamativo hablar del matrimonio homosexual que de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Nadie quiere esa discusión, nadie quiere exponerse a un debate de tales magnitudes.

El Estado debe proteger la unión de parejas homosexuales. Sobre las implicaciones de la adopción de niños por parte de este tipo de parejas habrá que analizar profundamente y por separado. Trato de hacer notar, a todos, que la forma de tratar estos temas no es la adecuada. Trato de decir que algunas minorías están utilizando formas de discurso inadecuadas y engañosas; y que nuestra clase política se lava las manos, para variar. Y digo frontalmente, que la sociedad no está lista para esto. No es que sea malo, es que no es el tiempo.

Parecería que lo más adecuado será hablar de esto en unos años más.