Desglobalizar

 

Para todos los que tenemos al menos un par de décadas de edad, no nos es desconocido el término “globalización”. En sí, la idea es que el mundo entero sea una sola entidad económica, basada en reglas más o menos homogéneas donde cualquier producto pueda ser comercializado en cualquier parte del mundo. Con este concepto también viene la globalización de las ideas e ideologías, de los avances científicos y del arte. Pero, en el mal sentido, también se globalizan los problemas sociales y la guerra.

Para países como el nuestro, básicamente productores primarios, parece una buena idea. Así, mediante tratados de libre comercio, el productor ecuatoriano puede poner sus productos en vitrinas muy lejanas. Esto genera ingresos.

Pero nuestro país solo exporta masivamente un limitado menú de productos. Y para estos productos se está dedicando muchísimo esfuerzo que es muy necesario en otros rubros.

Con la pandemia del 2020 debimos habernos dado cuenta del problema de ser productor primario en un mundo globalizado.

Ecuador, por ejemplo, emplea miles de hectáreas en la producción de flores y camarones para exportación. Pero todavía no podemos abastecer los mercados internos con comida barata y variada. La mayor parte de la producción nacional no es sostenible a largo plazo en términos económicos ni ecológicos. Mucho menos en un país con fuertes imposiciones tributarias e inestabilidad política y jurídica.

Europa no ha sido ajena a los efectos malos de la globalización: con la guerra de Ucrania y Rusia, los países europeos se dieron cuenta de la dependencia de los recursos de esos dos países (energía y trigo). Es decir, muchos países europeos no se preocuparon de producir más energía y más comida, en la seguridad de sus tratados comerciales con los hoy combatientes.

Y no podemos vender al extranjero lo que necesitamos casa adentro. Somos como el carnicero, que vende la mejor carne, pero en su casa viven con agua de panela.

Desglobalizar no quiere decir apartarnos del mundo. Simplemente es necesario, en primer lugar, poder sufragar todas las necesidades del país por nuestros propios medios. En escenarios como la pandemia, una guerra o una recesión económica de escala mundial (que según se dice está muy próxima), deberemos ser capaces de mantener el país a flote.

Esto tiene que ver con conceptos constitucionales como la soberanía alimentaria. Pero también afecta a otras áreas como la cultura, la salud y la educación.

Por supuesto, el ejemplo de los alimentos puede ser más fácil de comprender, sin embargo, en las áreas sociales el fenómeno no es diferente. Actualmente casi toda comunicación, noticia o viralización, lo recibimos del exterior. Hemos perdido la cultura propia, la identidad, los valores nacionales, la proyección de país… Y han cedido al “mainstream” (tendencia mayoritaria) que hoy por hoy pulula en redes sociales y ya no en nuestras escuelas y universidades.

Otro rubro es la tecnología: no desarrollamos avances propios porque estamos acomodados a lo que recibimos de las potencias mundiales, a cambio de nuestros productos primarios.

Exportar no nos hace globales. Al contrario: somos meros proveedores de un mundo que avanza sin contar con nosotros. Un mundo al cual no le interesamos sino en tanto y cuanto somos capaces de darles recursos baratos. Incluida la mano de obra de nuestros migrantes, porque la dignidad tampoco se ha globalizado.

Cuando el mundo se descalabra, solo se sobrevive con fortaleza nacional. Nuestro país no tiene fortaleza, está desarmado frente al planeta que también se desarma. No podemos confiar en el planeta. Debemos confiar en nosotros mismos.

Es urgente regresar a ver hacia adentro. No podemos enfrentar la sociedad del mañana si aún no hemos resuelto problemas del siglo anterior. Y nadie nos va dar haciendo.

 

Mano propia

 

Dejemos algo claro desde el principio: no voy a hablar de “justicia indígena”. En mi ideario personal ese concepto no tiene asidero técnico y tampoco tiene un parámetro objetivo de ancestralidad. Habrá excepciones, como en tribus del oriente, por ejemplo. Tampoco quiero decir que se desconozca los procesos extrajudiciales de resolución de conflictos internos que puedan tener lo miembros de organizaciones como comunas y recintos. Además, esa discusión aún está abierta y todavía ruego que llegue alguien que me haga cambiar de opinión.

Hoy hablo de otra cosa.

Lo de hoy es capturar a un delincuente y darle palo. Eventualmente, matarlo. Digan lo que digan los pseudo dirigentes, ahí no hay un debido proceso ni respeto a derechos de ningún tipo. Pero no todo es malo ni bueno por si mismo, por eso hay que explicarlo con un análisis objetivo.

Verán, la ley del ojo por ojo fue la manera más aceptada de impartir justicia desde hace milenios. Antiguamente, el gobernante, cuando llegaba a determinar que había sucedido un injusto, disponía que el causante sufra el mismo injusto; a veces, de manos de la propia víctima, para que todo sea más “justo”.

Cuando nuestras sociedades aprendieron a organizarse alrededor de lo que hoy llamamos “Estado”, los individuos debieron ceder muchos derechos y libertades a cambio de que el Estado les garantice otros y les permita, juntos, alcanzar metas más grandes. Es obvio: solito no puedo, juntos como Estado si podemos, pero tenemos que ceder algunas individualidades.

Con la justicia no es diferente. La venganza, que para algunos es un derecho natural, se cede al Estado, para que sea él quien dé el tratamiento más adecuado a la situación. De esta forma, en teoría, se evitaba abusos, se humanizaba y racionalizaba la justicia y se llegaría a parámetros de paz y convivencia social adecuados.

La idea es que si me cortan una pierna, en el sistema del ojo por ojo, yo le puedo cortar la pierna al agresor. Pero la sociedad sufría el doble, porque ahora hay dos personas baldadas y, al final, hay dos delincuentes. Al principio del ejemplo había una persona buena y una mala, una baldada y otra sana. Al final del ejemplo había dos personas malas y lisiadas. Es decir, la solución era peor que la enfermedad.

Hoy, el Estado se ocuparía de la venganza, así la persona buena sigue siendo buena, y la persona mala eventualmente podría ser rehabilitada o al menos separada de la sociedad. El castigo sería más “humano” y la sociedad sufriría menos.

Cuando el sistema falla, el bueno puede seguir siendo bueno, pero el malo termina sin ser castigado, ni rehabilitado, ni apartado de la sociedad. Además, la comunidad pierde la confianza en su sistema y esto genera frustración, ira y por tanto, sufrimiento.

Es que la meta del Estado no es solamente ahorrar el sufrimiento social, sino reducir la delincuencia. Esto solo se logra con un sistema judicial que funcione bien. Cuando los juicios llegan a finales adecuados en tiempos adecuados, la sociedad vuelve a confiar en el sistema y deja de lado el método de justicia por mano propia. Los delincuentes, al observar que el sistema es eficiente, dejan de delinquir o se van a países con sistemas más débiles.

Las noticias hoy comunes de ajusticiamientos y castigos extrajudiciales no solo son el resultado del aumento de la delincuencia, sino el síntoma y efecto de un sistema judicial inútil. Si el Estado quiere volver a tener una sociedad tranquila, no le basta aumentar policías, o seguirse haciendo el loco con los ajusticiamientos, sino recomponer el sistema judicial.

Y no hablamos solamente de cambiar a los jueces y fiscales, sino de reorganizar el sistema, desde sus bases, para que los juzgamientos puedan ser más ágiles y eficientes, incluyendo la forma en que se tramitan y la forma en que los jueces están obligados a valorar las pruebas.

Es tiempo de, al menos, hablar de un sistema de juzgamiento por jurados. Es decir, que un grupo de ciudadanos sean los que determinen si alguien es culpable o inocente, y no un juez. Así se hace en Estados Unidos. No es perfecto, pero, insisto, al menos discutámoslo en Ecuador.

Desmanes

 

Creo que ya todos vimos los videos de los desmanes que se dieron en este último feriado, sobre todo en las provincias de la costa. Horroroso.

Me llama mucho la atención ver los comentarios generales en redes sociales donde, casi siempre, lo único que hacemos es buscar culpables. Y esos culpables, de alguna manera, acaban siendo los agentes de gobierno. ¿No nos cansamos de echarle la culpa de todo al gobierno?

Somos como el niño que reiteradamente se mete tierra a la boca, y culpa a sus padres porque no lo impiden.

Es claro: la Policía está reducida y no cuenta con los mecanismos para enfrentar desmanes masivos; además, las leyes los tienen castrados porque no pueden ni lanzar un poco de gas lacrimógeno sin que les caigan juicios y el ataque de las agrupaciones libertinas de siempre. La autoridad local, que es la que debería haber controlado el expendio de licores y el uso de la vía pública también falló, porque un simple comisario con un puñado de agentes municipales, igual o más castrados que la Policía, no puede hacer frente a la marea. ¡Es que no se les puede pedir imposibles!

Si, nuestras autoridades de control en todos los niveles son incapaces de actuar. De un lado no tienen los recursos suficientes, incluyendo el recurso humano; y de otro, no tienen leyes drásticas que puedan aplicar ni sistema judicial que los haga valer. En Ecuador hacemos lo que se nos pega la gana, simplemente porque se puede.

El ecuatoriano promedio, quedó visto, es un animal de instintos bajos. Mucho más ahora, en una sociedad que relativiza todo, que tolera todo. Hemos llegado al punto en que las personas de bien, los inteligentes, los honestos, los que tienen principios y que somos la mayoría, debemos callarnos por no ofender a las minorías perversas, a los desviados, a los estúpidos.

Entonces debo retractarme: el ecuatoriano promedio no es malo, porque dije ya que la mayoría es buena. Pero, ¿de qué sirve una mayoría callada? De nada sirve ser buenos e inteligentes si somos cobardes.

Durante las últimas décadas hemos enviado a los menos aptos a hacer las leyes que rigen el país. ¡Esto es culpa de ellos! Y por ley de la carambola, culpa nuestra que los elegimos. Si, pusimos a decidir nuestros destinos a un puñado de bailarinas, futbolistas, faranduleros y otros quientanserán. Y estas son las consecuencias.

Siempre pido disculpas por las excepciones, que las hay, pero lamentablemente siempre son excepciones. Porque he visto Asambleístas valientes y de discurso coherente, pero no tienen rating, no venden.

Al final del día, los desmanes de carnaval si tienen que ver con el gobierno. Pero no con el actual por su incapacidad de controlar, sino de los anteriores, por su negligencia en el manejo de la República. El sistema educativo es un asco, el judicial mucho más, el aparataje legal es un cernidor por donde se escurre cualquier lixiviado y todo esto ha redundado en un grupo poblacional desquiciado, incapaz de decidir sus propias conductas. Mientras todo esto sucede, la mayoría hace silencio; o, peor: nos mostramos aquiescentes por miedo a caerles mal a los desviados.

El país está roto. Sin unidad, sin principios, sin identidad. Somos el pueblo de nadie donde cualquier exiliado de Macondo puede, sin problemas y con el aplauso de todos, volverse famoso y hasta hacer política. Ya no damos pena sino desesperación.

Con este tipo de sociedad, donde los idiotas reinan y los mejores callan, ¿cómo nos organizaremos para defendernos de lo que se viene? Cuando se acabe de instalar aquí la violencia, seguro, preferiremos negociar nuestros principios antes que defenderlos. Y si la mayoría sigue callada, esa será la mejor opción.

¿Quiénes somos?

 

 

Luego del paro, y comprometidos todos a volver a poner en marcha nuestro país, no podríamos hacerlo bien sin antes saber quiénes somos y cómo llegamos a la situación en la que estamos. Desde ahí, deberemos entender que hay cosas muy arraigadas en nosotros que pueden ser simplemente mentira, y que tenemos que cambiarlas. Si no, no podremos avanzar.

Al día de hoy, nuestra sociedad actúa en base a emociones y no en base a la razón. Además, durante décadas nos han metido ideas en la cabeza que no necesariamente son verdaderas y que fueron inventos de engatusadores de turno.

Una gran mentira es la de los 500 años de lucha y resistencia indígena. De hecho, son muchos años más lo que nuestros pueblos originarios llevan resistiendo. En lo que hoy es Ecuador, en las primeras etapas de las que se tiene alguna investigación, parece, que existían los denominados Cacicazgos, lo que básicamente eran grupos de población organizados bajo el dominio de un Cacique y que, aparentemente, dominaba en base a la represión, la violencia y la esclavitud. En un momento posterior llega la colonización, pero no de España, sino del imperio Inca. Este imperio, como cualquier otro imperio, se expandió y dominó por las armas y la violencia. Así, el famoso Tahuantinsuyo no fue ni puede seguir siendo un sueño ideal de unidad andina, sino que se trataría de un imperio despótico, opresor, genocida y esclavista.

Para cuando llegan los españoles, en la América Andina no habían pueblos originarios establecidos (excepto unos pocos en la sierra y en la costa y los del oriente) sino nacionalidades sin territorio esclavizadas bajo el yugo del Inca. Así siendo, España no llega a subyugar, sino que desplaza al gobierno imperial incásico (obvio, por la fuerza) y hereda las estructuras de explotación que ya estaban instaladas en América. El imperio español no subyugó a los pueblos nativos, porque éstos ya estaban subyugados. Obvio, tampoco es que les hayan dado libertad.

La independencia nacional, donde nos liberamos del imperio español, fue canalizada a través de los criollos. Es decir, los mismos hijos de españoles nacidos en América que se cansaron de la explotación económica del Rey de España. Pero nos olvidamos que una gran cantidad de próceres eran, de hecho, indígenas. Obviamente, a ellos también les convenía acabar con el sistema imperialista y negociar en mejores términos el nacimiento de una nueva república. Así que la independencia del Ecuador se forjó con intereses, sangre, sudor y lágrimas de indígenas y criollos por igual.

Hasta aquí, indios y criollos están empates. Nadie debe nada a nadie, porque juntos creamos esta República.

Lo que si pasó es que, advenida la independencia, dejamos de conversar entre nosotros. Los criollos se dedicaron a la producción, porque su interés siempre fue económico y, parece, que entre los indígenas, en lugar de rehacer sus estructuras sociales, simplemente revivieron a los Caciques, lo que significó retrasar su evolución social.

Llegamos al día de hoy con diferencias ridículas. El mestizo quiere avanzar dentro del mundo actual, bajo parámetros de producción y libertad. Muchos indígenas siguen amancebados en la idea de un imperio, al que ahora quieren llamar “Comunismo Andino”. Esto, básicamente significa la reconstrucción del Tahuantinsuyo como imperio y al Rey Inca como único poder totalitario, disfrazado en la figura de un presidente o líder regional.

Tan arraigada sigue la idea del Cacique, que es bien conocido que una gran cantidad de hermanos indígenas siguen actuando “porque el dirigente ordena” y sin la más mínima razonabilidad sobre sus actos. Las modernas estructuras “de clase” que dominan el sector indígena son Cacicazgos disfrazados de estructuras orgánicas. Son, de facto, estructuras impositivas que para nada velan por el interés de la gente de base, sino solo por las motivaciones políticas y personales de los Caciques que hoy se han cambiado de nombre a “lideres sindicales”, “presidentes de juntas” o líderes de organizaciones como la Conaie, que definitivamente tiene otros y mejores fines que joder gobiernos.

Los hermanos indígenas viven en un micro imperio, dentro del territorio de una República democrática. Son engañados y explotados. Y el resto de sociedad se hace la ciega. Los gobiernos no comprenden el factor cultural que viene de la mano con la protesta violenta.

Urge una reforma educativa profunda y la creación de estructuras de gobierno a las que los hermanos indígenas puedan acceder, de forma directa y sin pseudo líderes intermediarios, para poder lograr sus objetivos que, a la final, son los mismos: más libertad y más dinero para vivir mejor.

Paraísos Fiscales

En la consulta popular que nos presentaron en estas últimas elecciones generales se nos propuso decidir si deseamos que los servidores públicos de cualquier tipo se abstengan de mantener capitales en los llamados paraísos fiscales so pena de destitución. Esto se hizo en medio de vientos ásperos y momentos en que los medios nos llenaban la cabeza de “Panama Papers” y nos decían que los corruptos tenían sus dineros allí. Pero también encontraron dinero sucio en el techo falso de una casa, y no por eso se ha consultado si se debe prohibir construir techos así.

Votamos con el hígado. Elegimos el “SI” con la idea de que un paraíso fiscal es un país de gangsters destinado exclusivamente para el servicio de la corrupción. Y no es así.

Un paraíso fiscal es algo increíblemente simple: es un país donde no hay tantos impuesto ni controles a cómo la gente mueve su dinero. Solo eso. Nada más.

Piense en esto: a usted le gustaría que le quitaran el impuesto verde, el de salida de capitales, reduzcan el IVA y la renta, que el banco no le pida certificaciones sobre dónde saca la plata que tiene, que no le joroben con papeleo cuando abre una cuenta corriente y que le dejen de controlar cómo gasta su plata que se ha ganado con el sudor de la frente de forma lícita y legal. Entonces, a usted le gustaría que el Ecuador sea un paraíso fiscal.

Ahora bien, es verdad que estos lugares son aprovechados por mafiosos y corruptos para esconder o limpiar su plata mal habida. Entonces, lo malo no es el país con bajos impuestos, sino el origen del dinero. El Ecuador debe buscar medidas para acabar con la corrupción, no para controlar dónde la gente invierte. En países como Panamá hay plata de corruptos y también de empresarios sanos que, simplemente, quieren tener su plata en un lugar en que les jodan menos. ¡Y no hay nada de malo en ello!

Al contrario, los paraísos fiscales ayudan a sostener la economía de nuestros continentes. Economías frágiles donde se inventan impuestos a cada rato, como la nuestra, no son atractivas a los inversionistas, entonces ellos guardan sus capitales en estos lugares hasta que la situación sea más beneficiosa. Así, y por ejemplo, si queremos mantener la inversión en nuestro país, aunque suene ridículo, la mejor opción no es prohibir que el dinero salga, sino eliminar el impuesto a la salida de capitales porque, obviamente, el inversionista extranjero querrá sacar sus ganancias, y si no e dejamos sacarlas, pues mejor simplemente no invierte aquí.

Por último, negar a cualquier persona tener su dinero en algún lugar es inconstitucional. Usted, vecino, puede tener la plata donde se le pegue la gana. ¡Es su plata! El estado puede -y debe- controlar cómo usted consiguió su plata, cuidar que sus negocios sean legales; pero luego de que usted ha ganado bien ese dinero, usted tiene el derecho de hacer con él lo que desee.

Esta medida que, como digo, elegimos con el hígado, no hace más que complicar la ya obscura situación de los pocos que desean invertir en nuestro país. Es verdad, no todos los inversionistas son servidores públicos, ni todos los servidores públicos son inversionistas internacionales. Pero simplemente no existe ningún motivo razonable por el que no puedan serlo. Hoy la mayor parte de empresas mundiales mantienen sus sedes en paraísos fiscales así que, si usted es funcionario público y ha comprado, por ejemplo, paquetes de vacaciones en cadenas hoteleras, se mandó a traer sus repuestos del extranjero o simplemente juega poker por internet podría ser que, al final de la cadena, su dinero esté o haya estado en un paraíso fiscal. Tenga cuidado también de hacer donaciones a organizaciones internacionales benéficas, ecológicas, promotoras de software libre, entre otras que, por supuesto, recibirán su dinero en cuantas bancarias de paraísos fiscales.

Acabamos de crear un nuevo pretexto de persecusión a funcionarios público y, para nada, ayudamos a eliminar la corrupción.