Muy
a pesar de la política de “no mas pitos” que guardan varios de
nuestros administradores, las desgracias siguen sucediendo. La
reacción desgraciadamente natural de quienes dicen representarnos es
silencio y cuasi complicidad.
Por
evitar un “pito”, y hasta donde conozco, la autoridad no ha dicho
nada respecto del detenido que habría sido asesinado en el interior
de la cárcel y, justamente, en el área de máxima seguridad.
Mientras, en las redes sociales se ha dicho que el fallecido sucumbió
tras más de media docena de tiros y que, además, ni siquiera
tendría sentencia. Mientras no haya una versión oficial, los
ciudadanos nos vemos obligados a creer a las redes sociales, que
parecen ser el único medio de información que -más o menos- nos
informa de algo.
Dejemos
una cosa clara: la ciudad nos pertenece, es nuestra casa, y lo que
pase en esta casa debe ser informado a los dueños. Ya nos pusieron
la cárcel, a contracorriente y con un secretismo ridículo. Lo menos
que pueden hacer, ahora, es contarnos la verdad de lo que sucede
allí. Esa información es nuestro derecho.
Pero
qué derecho podría reclamar un ciudadano de a pie, cuando aquel que
elegimos como fiscalizador tiene problemas para acceder a información
considerada pública. Y, sino, pregúntenle al Concejal García
Moreno, que necesitó de acciones judiciales para obtener información
de una empresa pública local.
Es
una vergüenza: el Concejal, que es el representando directo de los
ciudadanos en el Municipio y que además es fiscalizador, necesita de
un juicio para obtener información pública, de una empresa pública,
sobre asuntos públicos.
Lo
que se evidencia es que nuestra ciudad está a un paso de convertirse
en tierra de nadie. Los propios representantes del ciudadano se ven
limitados en el ejercicio del control de los bienes que, obviamente,
le pertenecen al ciudadano y, por obvia deducción, el mismo
ciudadano “de pie” se ve imposibilitado de acceder a información
que la Constitución garantiza como accesible de manera directa. Así
siendo, pedir que nos informen sobre lo que acontece en la cárcel
sería una labor de necios.
Parece
ser que los administradores olvidan algo: nosotros, los ciudadanos,
somos sus jefes y nos deben información. Así es, no nos hacen
ningún favor, NOS LO DEBEN, les es obligatorio mantenernos al tanto
de todo lo que sucede con la cosa pública. Y, esta cosa pública,
por si lo olvidan, no les pertenece a los administradores: me
pertenece a mí, el ciudadano. Yo soy dueño.
La
política “no mas pitos” es necesaria para cualquier gobierno que
busca perennizarce (y todos los gobiernos buscan eso, en mayor o
menor grado); pero evitar el escándalo público no se logra
ocultando el error, sino evitando cometerlo y si, se comete, buscando
su pronta solución y reparación. Cuando un error necesita ocultarse
ya no es error, sino delito; y cuando éste se oculta utilizando el
aparato público, no es mantenimiento de la calma social, sino
encubrimiento.
La
política “no mas pitos” es también saludable para el ciudadano,
pues el escándalo degenera en sensación de inseguridad. Pero eso no
quiere decir que la información sea ocultada, sino que tenga un
tratamiento adecuado.
La
verdad debe ser dicha de manera técnica y sin apasionamientos.
Alguna prensa amarillista a contribuido de manera innecesaria al
aumento de la sensación de inseguridad. En Cotopaxi no hay mucho de
esa prensa grotesca, casi nada. Eso debería ser tomado como ventaja
para el administrador local, pues puede estar tranquilo sabiendo que
los medios locales no exageran las noticias y que, incluso y
desafortunadamente, algunos hasta parece que tienen miedo de
informar.
De
nuestra parte, vecinos recordemos que somos dueños, jefes. Si usted
quiere cualquier información, de cualquier entidad y ésta no se
encuentra en la página web, pídala y, si no se la dan
inmediatamente, acuda a un Juez, que éste seguro hará valer sus
derechos.
