En
la consulta popular que nos presentaron en estas últimas elecciones
generales se nos propuso decidir si deseamos que los servidores
públicos de cualquier tipo se abstengan de mantener capitales en los
llamados paraísos fiscales so pena de destitución. Esto se hizo en
medio de vientos ásperos y momentos en que los medios nos llenaban
la cabeza de “Panama Papers” y nos decían que los corruptos
tenían sus dineros allí. Pero también encontraron dinero sucio en
el techo falso de una casa, y no por eso se ha consultado si se debe
prohibir construir techos así.
Votamos
con el hígado. Elegimos el “SI” con la idea de que un paraíso
fiscal es un país de gangsters destinado exclusivamente para el
servicio de la corrupción. Y no es así.
Un
paraíso fiscal es algo increíblemente simple: es un país donde no
hay tantos impuesto ni controles a cómo la gente mueve su dinero.
Solo eso. Nada más.
Piense
en esto: a usted le gustaría que le quitaran el impuesto verde, el
de salida de capitales, reduzcan el IVA y la renta, que el banco no
le pida certificaciones sobre dónde saca la plata que tiene, que no
le joroben con papeleo cuando abre una cuenta corriente y que le
dejen de controlar cómo gasta su plata que se ha ganado con el sudor
de la frente de forma lícita y legal. Entonces, a usted le gustaría
que el Ecuador sea un paraíso fiscal.
Ahora
bien, es verdad que estos lugares son aprovechados por mafiosos y
corruptos para esconder o limpiar su plata mal habida. Entonces, lo
malo no es el país con bajos impuestos, sino el origen del dinero.
El Ecuador debe buscar medidas para acabar con la corrupción, no
para controlar dónde la gente invierte. En países como Panamá hay
plata de corruptos y también de empresarios sanos que, simplemente,
quieren tener su plata en un lugar en que les jodan menos. ¡Y no hay
nada de malo en ello!
Al
contrario, los paraísos fiscales ayudan a sostener la economía de
nuestros continentes. Economías frágiles donde se inventan
impuestos a cada rato, como la nuestra, no son atractivas a los
inversionistas, entonces ellos guardan sus capitales en estos lugares
hasta que la situación sea más beneficiosa. Así, y por ejemplo, si
queremos mantener la inversión en nuestro país, aunque suene
ridículo, la mejor opción no es prohibir que el dinero salga, sino
eliminar el impuesto a la salida de capitales porque, obviamente, el
inversionista extranjero querrá sacar sus ganancias, y si no e
dejamos sacarlas, pues mejor simplemente no invierte aquí.
Por
último, negar a cualquier persona tener su dinero en algún lugar es
inconstitucional. Usted, vecino, puede tener la plata donde se le
pegue la gana. ¡Es su plata! El estado puede -y debe- controlar cómo
usted consiguió su plata, cuidar que sus negocios sean legales; pero
luego de que usted ha ganado bien ese dinero, usted tiene el derecho
de hacer con él lo que desee.
Esta
medida que, como digo, elegimos con el hígado, no hace más que
complicar la ya obscura situación de los pocos que desean invertir
en nuestro país. Es verdad, no todos los inversionistas son
servidores públicos, ni todos los servidores públicos son
inversionistas internacionales. Pero simplemente no existe ningún
motivo razonable por el que no puedan serlo. Hoy la mayor parte de
empresas mundiales mantienen sus sedes en paraísos fiscales así
que, si usted es funcionario público y ha comprado, por ejemplo,
paquetes de vacaciones en cadenas hoteleras, se mandó a traer sus
repuestos del extranjero o simplemente juega poker por internet
podría ser que, al final de la cadena, su dinero esté o haya estado
en un paraíso fiscal. Tenga cuidado también de hacer donaciones a
organizaciones internacionales benéficas, ecológicas, promotoras de
software libre, entre otras que, por supuesto, recibirán su dinero
en cuantas bancarias de paraísos fiscales.
Acabamos
de crear un nuevo pretexto de persecusión a funcionarios público y,
para nada, ayudamos a eliminar la corrupción.
