Yo te ofrezco…

 

… busca quién te dé.

Así funcionan nuestros poderes estatales. El ejecutivo ofrece cosas que la Asamblea no está dispuesta a legislar; ésta saca leyes que el Presidente no puede cumplir porque no tiene fondos. Y así también con la función judicial.

Cuando creamos esta Constitución ultragarantista, no nos dimos cuenta que todas esas maravillosas garantías tenían que protegerse mediante procesos judiciales. Pero no reformamos el sistema judicial. Luego, asumimos preferencias legales para grupos minoritarios como mujeres y niños, lo que está bien; pero tampoco reforzamos el sistema judicial.

 Hoy, revisando las últimas reformas que hace la Asamblea al Código Orgánico Integral Penal, veo que la Asamblea le da plazo a la judicatura para que haga los cambios que se legislaron. Esto incluye mejoras de infraestructura, nueva infraestructura, más jueces, etc. Es decir, el poder legislativo le ordena al poder judicial hacer gastos millonarios, mientras el poder judicial está demandando al poder ejecutivo por algo así como 250 millones que le falta para poder sostener la estructura que ya tiene. ¿Cómo va a completar la estructura que le ordena el legislativo?

Es que nuestros políticos son idiotas. O nos creen idiotas. Son incapaces de coordinar una política pública bien hecha. Los asambleístas creen que porque escribieron una ley, la plata va a aparecer por obra de magia. El aparato judicial no va a poder cumplir con lo ordenado en el nuevo COIP, o lo hará de manera mediocre. Para hacerlo, además, necesita que el ejecutivo le asigne fondos permanentes, con plata que no hay. No se está solucionando nada, al contrario: se está fabricando nuevos problemas.

El eventual incumplimiento de la judicatura va a ser reclamado por la legislatura, para defenderse, habrá que echar la culpa al ejecutivo. Y, así, nos van a entretener muchos años más con estas peleas entre poderes, mientras los de siempre nos siguen desangrando.

¡Organícense! ¡Hagan algo bien, una vez en su vida!

Cada organismo del estado anda suelto por su lado, como una manada de perros callejeros, buscando algún desprevenido (nosotros, la sociedad) a quien robarle el pan de la mano.

Tan perdidos andan, que la función judicial quiere hacer un allanamiento a la función electoral… y no puede. Pero a Carondelet ya se han metido varias veces… y no han encontrado nada.

En estas reformas del COIP sobre las que hoy escribo, se dispone al Consejo de la Judicatura implementar mejoras y cambios en 90 días. Los que hemos estado cerca de la cosa pública sabemos que en ese plazo ni siquiera se logra terminar un proceso de contratación. ¿Cómo esperan que la judicatura cumpla? Mucho menos cuando, quedó dicho, el judicial demanda al ejecutivo por millones de dólares que le faltan.

El perro manda al gato, el gato manda al ratón. ¿Qué hará el ratón?

Cuando ellos empiecen a tirarse la culpa del seguro incumplimiento, ninguno de nosotros recordará que esta falla viene prefabricada desde la misma reforma a la ley. Es decir, o son torpes o lo hicieron a propósito para sostener el desorden político que vivimos en el país.

Y nombro el COIP porque es lo actual y lo que mejor conozco. Pero es igual en casi todo ámbito.

Por eso, insisto: a los políticos no hay que pedirles soluciones. Solo hay que pedirles que saquen al Estado de nuestras vidas, y que nos devuelvan las herramientas para atender nuestras necesidades por nosotros mismos. Devuélvannos la economía, la seguridad, la educación, la salud y la dignidad.

No queremos ser arrimados del Estado. Queremos progresar y crecer por nuestros propios medios. Y somos perfectamente capaces de hacerlo, si los políticos dejaran de estorbarnos. No queremos que el Estado nos “de” nada que no nos haya quitado antes. Queremos que nos devuelva lo que antes teníamos y nos hacía fuertes. No queremos que nos ayuden: con que no nos jodan es suficiente.

Ritmo político

 

El país se precipita al abismo a un ritmo frenético. Y hago énfasis en el ritmo.

Para los que verdaderamente nos oprimen y explotan, hacer que las cosas pasen rápido es estratégico. No tenemos tiempo ni siquiera de comprender bien un problema, y ya tenemos otro en la puerta. Los políticos se han dedicado a revolver el río, para que sus oscuros patrones (o ellos mismos) puedan pescar a placer.

Y nuestra sociedad, sobrecargada con el lastre de los políticos, no alcanza a reaccionar.

Creo que todos lo tenemos claro: quienes marcan el ritmo de la inestabilidad en Ecuador son los políticos. Y se encargan de generar más problemas de los que resuelven. Obviamente, si alguien da más problemas de los que soluciona, es simplemente un inútil o un saboteador. Los ecuatorianos no necesitamos ni uno ni otro.

Si, es obvio: el problema son los políticos. Hay que librarnos de ellos.

Pero, sin ellos, ¿quién marcará el ritmo y dirección del país?

En una sociedad realmente organizada, el ritmo del país se marca por el egregor de sus habitantes. Una especie de conciencia común que, representada sabiamente por quienes son elegidos para dirigir, nos da la pauta, la línea y el paso.

Reconocernos diversos ha servido para concienciar sobre la existencia del otro, del diferente. Pero también se ha tergiversado el concepto al punto que carecemos de una identidad nacional unitaria y, por eso, no tenemos conciencia común. Es necesario recrear el concepto de multiculturalidad desde la unidad, y pelear férreamente con quienes difunden ideas separatistas.

Pero lo más urgente es cambiar nuestro sistema electoral, para devolverle el poder de elegir al pueblo. Necesitamos una democracia más simple, donde un voto valga un voto. No como hoy, que votamos en listas cerradas, esas mismas listas se hacen con reglas de paridad, y finalmente, los votos se reparten mediante métodos de asignación con antojadizas fórmulas matemáticas elegidas a conveniencia de los políticos.

El resultado es obvio: no llegan al poder los que nosotros queremos, sino los que el mismo sistema permite.

El Ecuador no podrá tener el ritmo que los ecuatorianos queremos, si no nos dejan elegir a los administradores que nosotros queremos.

Nuestro país necesita reformas orgánicas y estructurales profundas que solamente pueden hacerse desde la Asamblea. Si, es verdad que también nos hará falta una nueva constitución, pero mientras eso sucede, bien se puede hacer cambios normativos que subsanen las falencias del Estado. Desde el legislativo se puede diseñar un aparataje legal que limite la injerencia arbitraria de los tomadores de decisiones, a fin de que no decidan con la barriga, sino sobre bases jurídicas y técnicas adecuadas.

Realmente podemos llenar todo un diario con ideas de qué se puede mejorar. Sin embargo, difícilmente esas ideas llegarán a discutirse en ningún círculo. Los políticos actuales no están interesados en soluciones, y la gente del común no atiende estas discusiones porque los políticos nos tienen ocupados en sobrevivir.

Así siendo, para cambiar el ritmo del Ecuador, primero hay que cambiar el ritmo de los ecuatorianos Y para eso, obligatoriamente tenemos que resolver el problema que la violencia oculta: el problema económico.

Hay que devolverle el poder económico y político a la gente.

Para lograr esto, es indispensable reducir el Estado, no solamente en cuanto a despedir funcionarios y no gastar en tonterías, sino lograr que el Estado tenga menos injerencia en la inversión privada. Un sistema que permita un intercambio fluido y sin fricciones, tanto de productos como de ideas, tecnología, conocimiento, dinero, información… Un país que no ponga límites a sus ciudadanos.

 

Porte de armas

Con el revuelo que ha causado este tema en los últimos días, es menester dejar algunas cosas claras.

Lo primero es saber que hay una diferencia entre la tenencia y el porte de armas. La tenencia habilita a tener un arma en un lugar específico, como un domicilio o un negocio. El porte habilita a andar con esa pistola en la calle.

En el Ecuador, desde hace décadas, está permitida la tenencia de armas, bajo ciertos requisitos. Es decir, siempre hemos podido tener una pistola en casa. Desde aquí ya se cae un bulo, y es que los delitos intrafamiliares y el femicidio no deberían aumentar, pues esos delitos se cometen dentro del ámbito del hogar y, como vemos, siempre hemos podido tener armas en casa, así que ese riesgo ni aumenta ni disminuye.

Otro dato importante es saber que en el Ecuador históricamente hemos tenido permitido el porte de armas regulado. Es decir, no hay LIBRE porte de armas, sino condicionado a los requisitos de ley. Otra mentira que se cae: el porte de armas no es “al público”, sino a un grupo específico de personas que puedan justificar los requisitos legales.

Además hay que saber que no va a haber armas disponibles en cualquier esquina. La importación de armas tiene requisitos complicados, y los locales en los que se permita la venta también deben cumplir con muchísimos requisitos. Al final, las armas solo se van a vender en pocos lugares específicos, cumpliendo con muchos requisitos y las armas serán bastante costosas. No todos podremos acceder a ellas, tanto por los requisitos como por su costo,

Debemos tener claro también que el porte de armas no es un elemento influyente en la estadística de homicidios. Si revisamos la evolución de la tasa de homicidios en nuestros vecinos de Latinoamérica de las últimas décadas, vamos a encontrar que la gran mayoría de nuestro continente tiene evoluciones similares. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los demás aumentan y/o disminuyen su porcentaje de homicidios más o menos de manera similar. Entonces, si cada país ha tenido diferentes políticas sobre el porte de armas durante los últimos treinta años, ¿Por qué sus tasas de homicidio fluctúan de manera similar? Se cae otra mentira, de hecho dos: el porte de armas ni disminuye ni aumenta los homicidios en nuestros países.

Obviamente, en el Ecuador el crimen va a seguir subiendo, esa es la tendencia. Pero nada tiene que ver, científicamente, con el porte de armas.

Yo creo que la mayor parte de personas que accedan al permiso de porte de armas serán gente que ya tenga el permiso de tenencia, así que tampoco es que las calles se van a inundar de pistolas.

De otro lado, debemos recordar que si bien nuestra Constitución obliga al Estado a garantizar nuestra seguridad, no es menos cierto que aún mantenemos el derecho personal a defendernos. Que esto quede claro: ¡tenemos derecho a defendernos! Y si el Estado falla en la garantía de seguridad, pues que al menos no nos prohíba las herramientas para ejercer ese derecho por nosotros mismos.

Sepan también que un arma regulada es un peso enorme. Todo lo que suceda con ese aparato es de directa responsabilidad de quien conste como titular. Y si se utiliza para hacer daño a alguien o a algo, el dueño de la pistola será investigado por Fiscalía, donde se deberá justificar que el uso que se le dio fue lícito y apegado a parámetros de legítima defensa.  Así que, además de saber disparar, el dueño de un arma regulada tiene que saber conceptos jurídicos mínimos, porque obligatoriamente será investigado cada vez que use esa arma.

Dejo explicando que el tema no es tan feo como nos muestran los memes, y que tampoco será tan fácil obtener un permiso. Espero que ya puedan dormir tranquilos.

Quietos

 

Todos estamos quietos. La delincuencia nos obliga a reducir nuestras actividades en todo sentido. Esto, por supuesto, significa que ocupamos menos servicios y adquirimos menos productos; o sea, gastamos menos. Si gastamos menos, alguien gana menos. Este es el círculo vicioso de la crisis económica: no tenemos plata y no gastamos, como no gastamos, otros no tienen plata y así sucesivamente.

Pero la delincuencia es solo un factor, y es un factor circunstancial. Cotopaxi tiene su economía parada por causas mas bien estructurales y la deficiencia de los administradores locales.

Nuestra provincia es un productor agrícola deficientemente explotado y hasta hace dos décadas teníamos una significativa participación industrial. Debemos apuntalar estas dos fuentes de ingresos y potenciar el mercado de servicios.

Para mejorar la producción agrícola necesitamos reducir los costos de producción e incentivar la explotación de tierras ociosas. Esto solo se logra convirtiendo a Cotopaxi en una zona económica especial, y la mayor parte de requisitos los tenemos. Nuestra gobernación debe elevar la alerta a la Presidencia de la República y nuestros Asambleístas deben proponer las reformas normativas necesarias a fin de que nuestros agricultores se beneficien de mejores condiciones económicas, incluyendo una reforma al Código del Trabajo que permita relaciones laborales más flexibles y adecuadas a la realidad.

Una vez apuntalada la producción, hay que vender lo producido. La prefectura y las alcaldías deben permitir mercados mayoristas reales, solo de productores acreditados y además gestionar dos mercados de transición (uno en La Maná y otro en Latacunga o Salcedo) por medio de los cuales se centralice el abasto a otras provincias beneficiando a pequeños productores que normalmente no pueden conectar con compradores en el resto del país.

Con respecto a la industria, también dependemos de ser catalogados como zona económica especial. Sin embargo, no es menos cierto que nuestros gobiernos locales no han planificado zonas industriales adecuadas y tampoco han modificado sus ordenanzas para reducir la carga impositiva que los emprendedores deben soportar. Una ciudad bien organizada y con beneficios a los emprendedores es campo fértil para las iniciativas privadas.

El mercado de servicios está en grave riesgo. Los proveedores de servicios independientes (abogados, arquitectos, constructores, terapistas…) se han visto en la obligación de reducir sus precios hasta valores ridículos, con tal de tener algo en el bolsillo. Causa competencia desleal y fuga de talentos.

Los médicos, sobre todo en Latacunga, parece que tienen algún avance: hay clínicas construyéndose por todo lado.

Hay que regresar a ver a los servicios relacionados con las tecnologías, pues estos negocios pueden atender clientes a nivel mundial y nuestros muchachos se encuentran muy relacionados ya a estos negocios. Lo mismo: medidas de aliento que llamen a los emprendedores. Otras propuestas que pueden potenciar nuestros gobiernos locales son las incubadoras de emprendimientos y los centros de trabajo compartido. Estas iniciativas permiten que emprendedores inicien sus actividades con pocos costos iniciales, con apoyo técnico y asesoría.

Piensen en esto: una muy buena parte de los profesionales de alto reconocimiento que encontramos en las grandes ciudades, son cotopaxences o descendientes de cotopaxences. Nuestros productos del agro se venden en todo el país pero mediante intermediarios. Tenemos zonas abiertas que están listas para recibir industria, pero no hay organización territorial. Los que decidimos quedarnos en nuestra tierra, la pasamos muy feo enfrentando un mercado debilitado y sistemas públicos atentatorios.

Quietos estamos. Y no podemos seguir así.

De parte de los ciudadanos, es urgente volver a organizarnos. Las asociaciones barriales deben retomar peso en la política. Las asociaciones profesionales deben ganar posición dentro de las decisiones de la autoridad de sus ramos y, sobre todo, adelantar la investigación y el desarrollo de nuevas teorías/tecnologías.

Los que hacemos opinión debemos regresar a ver a la política activa. Los que se viven quejando, deben empezar a hacer opinión fundamentada. Los que no hacen nada, es momento de hacer algo.

Los problemas económicos, por desgracia, deben arreglarse en el campo político y para eso nos es obligatorio tener mejores representantes y autoridades. Al final, nosotros los elegimos.

Ya no podemos seguir quietos.

Nos toca, a los cotopaxenses, levantarnos de donde nos han dejado tirados, aprender cómo funciona el mundo actual (incluyendo la política) y actuar. Nada se logra solo pensando, y casi nada se consigue solo diciendo. Es hora de hacer.

 

Desglobalizar

 

Para todos los que tenemos al menos un par de décadas de edad, no nos es desconocido el término “globalización”. En sí, la idea es que el mundo entero sea una sola entidad económica, basada en reglas más o menos homogéneas donde cualquier producto pueda ser comercializado en cualquier parte del mundo. Con este concepto también viene la globalización de las ideas e ideologías, de los avances científicos y del arte. Pero, en el mal sentido, también se globalizan los problemas sociales y la guerra.

Para países como el nuestro, básicamente productores primarios, parece una buena idea. Así, mediante tratados de libre comercio, el productor ecuatoriano puede poner sus productos en vitrinas muy lejanas. Esto genera ingresos.

Pero nuestro país solo exporta masivamente un limitado menú de productos. Y para estos productos se está dedicando muchísimo esfuerzo que es muy necesario en otros rubros.

Con la pandemia del 2020 debimos habernos dado cuenta del problema de ser productor primario en un mundo globalizado.

Ecuador, por ejemplo, emplea miles de hectáreas en la producción de flores y camarones para exportación. Pero todavía no podemos abastecer los mercados internos con comida barata y variada. La mayor parte de la producción nacional no es sostenible a largo plazo en términos económicos ni ecológicos. Mucho menos en un país con fuertes imposiciones tributarias e inestabilidad política y jurídica.

Europa no ha sido ajena a los efectos malos de la globalización: con la guerra de Ucrania y Rusia, los países europeos se dieron cuenta de la dependencia de los recursos de esos dos países (energía y trigo). Es decir, muchos países europeos no se preocuparon de producir más energía y más comida, en la seguridad de sus tratados comerciales con los hoy combatientes.

Y no podemos vender al extranjero lo que necesitamos casa adentro. Somos como el carnicero, que vende la mejor carne, pero en su casa viven con agua de panela.

Desglobalizar no quiere decir apartarnos del mundo. Simplemente es necesario, en primer lugar, poder sufragar todas las necesidades del país por nuestros propios medios. En escenarios como la pandemia, una guerra o una recesión económica de escala mundial (que según se dice está muy próxima), deberemos ser capaces de mantener el país a flote.

Esto tiene que ver con conceptos constitucionales como la soberanía alimentaria. Pero también afecta a otras áreas como la cultura, la salud y la educación.

Por supuesto, el ejemplo de los alimentos puede ser más fácil de comprender, sin embargo, en las áreas sociales el fenómeno no es diferente. Actualmente casi toda comunicación, noticia o viralización, lo recibimos del exterior. Hemos perdido la cultura propia, la identidad, los valores nacionales, la proyección de país… Y han cedido al “mainstream” (tendencia mayoritaria) que hoy por hoy pulula en redes sociales y ya no en nuestras escuelas y universidades.

Otro rubro es la tecnología: no desarrollamos avances propios porque estamos acomodados a lo que recibimos de las potencias mundiales, a cambio de nuestros productos primarios.

Exportar no nos hace globales. Al contrario: somos meros proveedores de un mundo que avanza sin contar con nosotros. Un mundo al cual no le interesamos sino en tanto y cuanto somos capaces de darles recursos baratos. Incluida la mano de obra de nuestros migrantes, porque la dignidad tampoco se ha globalizado.

Cuando el mundo se descalabra, solo se sobrevive con fortaleza nacional. Nuestro país no tiene fortaleza, está desarmado frente al planeta que también se desarma. No podemos confiar en el planeta. Debemos confiar en nosotros mismos.

Es urgente regresar a ver hacia adentro. No podemos enfrentar la sociedad del mañana si aún no hemos resuelto problemas del siglo anterior. Y nadie nos va dar haciendo.

 

Mano propia

 

Dejemos algo claro desde el principio: no voy a hablar de “justicia indígena”. En mi ideario personal ese concepto no tiene asidero técnico y tampoco tiene un parámetro objetivo de ancestralidad. Habrá excepciones, como en tribus del oriente, por ejemplo. Tampoco quiero decir que se desconozca los procesos extrajudiciales de resolución de conflictos internos que puedan tener lo miembros de organizaciones como comunas y recintos. Además, esa discusión aún está abierta y todavía ruego que llegue alguien que me haga cambiar de opinión.

Hoy hablo de otra cosa.

Lo de hoy es capturar a un delincuente y darle palo. Eventualmente, matarlo. Digan lo que digan los pseudo dirigentes, ahí no hay un debido proceso ni respeto a derechos de ningún tipo. Pero no todo es malo ni bueno por si mismo, por eso hay que explicarlo con un análisis objetivo.

Verán, la ley del ojo por ojo fue la manera más aceptada de impartir justicia desde hace milenios. Antiguamente, el gobernante, cuando llegaba a determinar que había sucedido un injusto, disponía que el causante sufra el mismo injusto; a veces, de manos de la propia víctima, para que todo sea más “justo”.

Cuando nuestras sociedades aprendieron a organizarse alrededor de lo que hoy llamamos “Estado”, los individuos debieron ceder muchos derechos y libertades a cambio de que el Estado les garantice otros y les permita, juntos, alcanzar metas más grandes. Es obvio: solito no puedo, juntos como Estado si podemos, pero tenemos que ceder algunas individualidades.

Con la justicia no es diferente. La venganza, que para algunos es un derecho natural, se cede al Estado, para que sea él quien dé el tratamiento más adecuado a la situación. De esta forma, en teoría, se evitaba abusos, se humanizaba y racionalizaba la justicia y se llegaría a parámetros de paz y convivencia social adecuados.

La idea es que si me cortan una pierna, en el sistema del ojo por ojo, yo le puedo cortar la pierna al agresor. Pero la sociedad sufría el doble, porque ahora hay dos personas baldadas y, al final, hay dos delincuentes. Al principio del ejemplo había una persona buena y una mala, una baldada y otra sana. Al final del ejemplo había dos personas malas y lisiadas. Es decir, la solución era peor que la enfermedad.

Hoy, el Estado se ocuparía de la venganza, así la persona buena sigue siendo buena, y la persona mala eventualmente podría ser rehabilitada o al menos separada de la sociedad. El castigo sería más “humano” y la sociedad sufriría menos.

Cuando el sistema falla, el bueno puede seguir siendo bueno, pero el malo termina sin ser castigado, ni rehabilitado, ni apartado de la sociedad. Además, la comunidad pierde la confianza en su sistema y esto genera frustración, ira y por tanto, sufrimiento.

Es que la meta del Estado no es solamente ahorrar el sufrimiento social, sino reducir la delincuencia. Esto solo se logra con un sistema judicial que funcione bien. Cuando los juicios llegan a finales adecuados en tiempos adecuados, la sociedad vuelve a confiar en el sistema y deja de lado el método de justicia por mano propia. Los delincuentes, al observar que el sistema es eficiente, dejan de delinquir o se van a países con sistemas más débiles.

Las noticias hoy comunes de ajusticiamientos y castigos extrajudiciales no solo son el resultado del aumento de la delincuencia, sino el síntoma y efecto de un sistema judicial inútil. Si el Estado quiere volver a tener una sociedad tranquila, no le basta aumentar policías, o seguirse haciendo el loco con los ajusticiamientos, sino recomponer el sistema judicial.

Y no hablamos solamente de cambiar a los jueces y fiscales, sino de reorganizar el sistema, desde sus bases, para que los juzgamientos puedan ser más ágiles y eficientes, incluyendo la forma en que se tramitan y la forma en que los jueces están obligados a valorar las pruebas.

Es tiempo de, al menos, hablar de un sistema de juzgamiento por jurados. Es decir, que un grupo de ciudadanos sean los que determinen si alguien es culpable o inocente, y no un juez. Así se hace en Estados Unidos. No es perfecto, pero, insisto, al menos discutámoslo en Ecuador.

Desmanes

 

Creo que ya todos vimos los videos de los desmanes que se dieron en este último feriado, sobre todo en las provincias de la costa. Horroroso.

Me llama mucho la atención ver los comentarios generales en redes sociales donde, casi siempre, lo único que hacemos es buscar culpables. Y esos culpables, de alguna manera, acaban siendo los agentes de gobierno. ¿No nos cansamos de echarle la culpa de todo al gobierno?

Somos como el niño que reiteradamente se mete tierra a la boca, y culpa a sus padres porque no lo impiden.

Es claro: la Policía está reducida y no cuenta con los mecanismos para enfrentar desmanes masivos; además, las leyes los tienen castrados porque no pueden ni lanzar un poco de gas lacrimógeno sin que les caigan juicios y el ataque de las agrupaciones libertinas de siempre. La autoridad local, que es la que debería haber controlado el expendio de licores y el uso de la vía pública también falló, porque un simple comisario con un puñado de agentes municipales, igual o más castrados que la Policía, no puede hacer frente a la marea. ¡Es que no se les puede pedir imposibles!

Si, nuestras autoridades de control en todos los niveles son incapaces de actuar. De un lado no tienen los recursos suficientes, incluyendo el recurso humano; y de otro, no tienen leyes drásticas que puedan aplicar ni sistema judicial que los haga valer. En Ecuador hacemos lo que se nos pega la gana, simplemente porque se puede.

El ecuatoriano promedio, quedó visto, es un animal de instintos bajos. Mucho más ahora, en una sociedad que relativiza todo, que tolera todo. Hemos llegado al punto en que las personas de bien, los inteligentes, los honestos, los que tienen principios y que somos la mayoría, debemos callarnos por no ofender a las minorías perversas, a los desviados, a los estúpidos.

Entonces debo retractarme: el ecuatoriano promedio no es malo, porque dije ya que la mayoría es buena. Pero, ¿de qué sirve una mayoría callada? De nada sirve ser buenos e inteligentes si somos cobardes.

Durante las últimas décadas hemos enviado a los menos aptos a hacer las leyes que rigen el país. ¡Esto es culpa de ellos! Y por ley de la carambola, culpa nuestra que los elegimos. Si, pusimos a decidir nuestros destinos a un puñado de bailarinas, futbolistas, faranduleros y otros quientanserán. Y estas son las consecuencias.

Siempre pido disculpas por las excepciones, que las hay, pero lamentablemente siempre son excepciones. Porque he visto Asambleístas valientes y de discurso coherente, pero no tienen rating, no venden.

Al final del día, los desmanes de carnaval si tienen que ver con el gobierno. Pero no con el actual por su incapacidad de controlar, sino de los anteriores, por su negligencia en el manejo de la República. El sistema educativo es un asco, el judicial mucho más, el aparataje legal es un cernidor por donde se escurre cualquier lixiviado y todo esto ha redundado en un grupo poblacional desquiciado, incapaz de decidir sus propias conductas. Mientras todo esto sucede, la mayoría hace silencio; o, peor: nos mostramos aquiescentes por miedo a caerles mal a los desviados.

El país está roto. Sin unidad, sin principios, sin identidad. Somos el pueblo de nadie donde cualquier exiliado de Macondo puede, sin problemas y con el aplauso de todos, volverse famoso y hasta hacer política. Ya no damos pena sino desesperación.

Con este tipo de sociedad, donde los idiotas reinan y los mejores callan, ¿cómo nos organizaremos para defendernos de lo que se viene? Cuando se acabe de instalar aquí la violencia, seguro, preferiremos negociar nuestros principios antes que defenderlos. Y si la mayoría sigue callada, esa será la mejor opción.