Aborto

Desde hace ya mucho se discute sobre la legalización del aborto. Y parece que la pugna se trata en términos morales más que técnicos. Esto es triste, porque al final del día, y aunque la ley deba ser un reflejo de los principios que imperan en una sociedad, también es verdad que esta ley debe ser útil y eficaz.

En el caso del aborto clandestino, como con el consumo de drogas, sucede que su propia clandestinidad impide que tengamos datos precisos del fenómeno. Sin estos datos, el Estado no puede fabricar políticas públicas adecuadas.

Las mujeres que han decidido abortar lo harán sin importar su legalidad. De hecho, esta clandestinidad lo vuelve más riesgoso para ellas. De otro lado, el asunto del aborto no se soluciona con política penal, sino con política de salud y educación. El Estado debe invertir más recursos en analizar el problema del embarazo en menores de edad, por ejemplo, y menos en perseguir a estas muchachas.

Pero debemos tener claro que hay dos conceptos diferentes: despenalizar el aborto, con lo que estoy de acuerdo; y, legalizar el aborto, con lo que discrepo.

Despenalizar quiere decir que una conducta ya no será castigada. Nada más.

Legalizar podría significar un universo de situaciones que no queremos confrontar hoy. Por ejemplo, que un procedimiento médico de este tipo sea cubierto por el sistema de seguridad social, o peor, que la política de salud o de control de natalidad se encarrile en este sendero. Esto, creo yo, muy pocas personas lo desean.

Despenalizar si. No veo motivo para que una mujer que ya tiene que pasar por este proceso traumatizante deba, además, ser encarcelada. Y es que casos hay muchos, pero en gran parte se trata de adolescentes desesperadas, de mujeres que están encerradas en relaciones violentas y otras tantas que carecen de las oportunidades para criar un niño. Muchos dirán que nada es pretexto, pero es indispensable intentar imaginarnos en la situación de otra.

Despenalizar el aborto podría significar la reducción de muertes de mujeres por prácticas médicas inadecuadas, pues podrán acceder a clínicas legales que cumplen con todos los requisitos. Además habrá un registro real de esta práctica que puede ser utilizado para mapear el problema y establecer mejores estrategias contra él. El embarazo adolescente, por ejemplo, parece ser más un problema de educación que de política criminal. Los embarazos no deseados en las zonas rurales son un conflicto cultural y de salud, no criminal.

Caso aparte son asuntos relacionados con violaciones o mujeres gravemente enfermas, con enfermedades terminales o incapacidades mentales. Creo que en estos casos los sistemas de salud del Estado si deben procurar el acceso a un aborto gratuito.

Al final mi posición es pragmática: combatir el aborto desde lo penal y punitivo es un error y solo ha significado el aumento de los efectos letales de estas prácticas. El Estado ha fallado al enfrentar este problema desde el código penal y no puede hacerlo desde otros frentes porque no tiene las herramientas. Y las herramientas que el Estado necesita son datos, información, estadística, números. Toda esta información, hoy, es clandestina. Necesitamos traerla a la luz para poder actuar.

Así las cosas, para evitar que nuestras hijas aborten, debemos despenalizar el procedimiento. Para poder actuar en contra de un fenómeno, primero debemos conocerlo. Y el Ecuador no conoce a profundidad el fenómeno del aborto. Solo por esto, debe ser liberado de toda sanción.

Matrimonio igualitario

Actualmente en el Ecuador, la unión de hecho entre homosexuales es permitida. Y este estado civil da a estas parejas casi los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. Es obvio preguntarse por qué entonces se sigue peleando por el matrimonio homosexual.

Parece ser que la unión de hecho no es suficiente. Y la discusión se enmarca en la igualdad de condiciones entre heterosexuales y homosexuales. Pero parece ser que el carácter práctico de este discurso es pobre.

La palabra matrimonio proviene del latin mater, es decir madre; y monium que se refiere a rituales legales. Esta palabra históricamente se empleaba para referir el estado jurídico de una mujer casada, a la legitimidad de su maternidad y a su unión para con un hombre así como a todos los efectos económicos y sociales que esto deriva. El origen conceptual de la palabra matrimonio no alcanza para definir una unión homosexual. Además, nuestra Constitución en su artículo 67 claramente establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, así que cualquier intento de hacer lo contrario debe pasar primero por una modificación de nuestra máxima Ley, lo que implica un cambio en los paradigmas de todo el Estado ecuatoriano como ente común. Esto puede traer algunos riesgos, pues debilitaría el bloque de constitucionalidad y nos obligaría a pensar en una rara Constitución flexible.

No puede permitirse el matrimonio homosexual en el Ecuador. Y no estoy en contra de la idea, pero si de las formas: por concepto y por Constitución, esta idea no se puede realizar: el matrimonio no es la manera en que una pareja sexodiversa pueda unirse en este país, punto. Pero estoy completamente de acuerdo que las personas deben explotar su derecho a ser felices, y a formar una familia en la forma que deseen. También creo que el Estado debe apoyar estas uniones y permitir formas de proteger a los miembros de estas parejas frente a las eventuales problemáticas que puedan tener. Por ejemplo: constituir un patrimonio mancomunado, ser tratados como pareja o familia en sentido amplio, solucionar sus controversias desde la óptica de la violencia intrafamiliar, etcétera.

Pero insisto: la unión de hecho ya incorpora todos estos beneficios y posibilidades. Así que la pelea por el matrimonio igualitario parece tener más tintes políticos que prácticos. Dicho de forma más simple: a una pareja homosexual, en la práctica, les da lo mismo estar casados que tener una unión de hecho reconocida. ¿O no?

Creería yo que todo este tema es un distractor que nos abstiene de otra discusión posiblemente más trascendente: la adopción de niños por parte de parejas sexodiversas. Sería interesante transparentar el discurso.

La adopción de niños por parte de parejas sexodiversas no se ha discutido. Este tema, tabú, no se trata abiertamente. Quienes se encuentran en situación de decidir no quieren discutir porque no quieren pelearse con nadie. Las agrupaciones a favor de la adopción tampoco quieren discutir porque saben que la sociedad aún no está lista para todo esto y tratar el tema con mucha frontalidad podría lograr que esta sociedad ponga presión en los políticos, quienes acabarán decidiendo en contra, como siempre, en base a sus miedos, y no en base a la realidad.

Resulta más fácil y menos llamativo hablar del matrimonio homosexual que de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Nadie quiere esa discusión, nadie quiere exponerse a un debate de tales magnitudes.

El Estado debe proteger la unión de parejas homosexuales. Sobre las implicaciones de la adopción de niños por parte de este tipo de parejas habrá que analizar profundamente y por separado. Trato de hacer notar, a todos, que la forma de tratar estos temas no es la adecuada. Trato de decir que algunas minorías están utilizando formas de discurso inadecuadas y engañosas; y que nuestra clase política se lava las manos, para variar. Y digo frontalmente, que la sociedad no está lista para esto. No es que sea malo, es que no es el tiempo.

Parecería que lo más adecuado será hablar de esto en unos años más.