Aborto

Desde hace ya mucho se discute sobre la legalización del aborto. Y parece que la pugna se trata en términos morales más que técnicos. Esto es triste, porque al final del día, y aunque la ley deba ser un reflejo de los principios que imperan en una sociedad, también es verdad que esta ley debe ser útil y eficaz.

En el caso del aborto clandestino, como con el consumo de drogas, sucede que su propia clandestinidad impide que tengamos datos precisos del fenómeno. Sin estos datos, el Estado no puede fabricar políticas públicas adecuadas.

Las mujeres que han decidido abortar lo harán sin importar su legalidad. De hecho, esta clandestinidad lo vuelve más riesgoso para ellas. De otro lado, el asunto del aborto no se soluciona con política penal, sino con política de salud y educación. El Estado debe invertir más recursos en analizar el problema del embarazo en menores de edad, por ejemplo, y menos en perseguir a estas muchachas.

Pero debemos tener claro que hay dos conceptos diferentes: despenalizar el aborto, con lo que estoy de acuerdo; y, legalizar el aborto, con lo que discrepo.

Despenalizar quiere decir que una conducta ya no será castigada. Nada más.

Legalizar podría significar un universo de situaciones que no queremos confrontar hoy. Por ejemplo, que un procedimiento médico de este tipo sea cubierto por el sistema de seguridad social, o peor, que la política de salud o de control de natalidad se encarrile en este sendero. Esto, creo yo, muy pocas personas lo desean.

Despenalizar si. No veo motivo para que una mujer que ya tiene que pasar por este proceso traumatizante deba, además, ser encarcelada. Y es que casos hay muchos, pero en gran parte se trata de adolescentes desesperadas, de mujeres que están encerradas en relaciones violentas y otras tantas que carecen de las oportunidades para criar un niño. Muchos dirán que nada es pretexto, pero es indispensable intentar imaginarnos en la situación de otra.

Despenalizar el aborto podría significar la reducción de muertes de mujeres por prácticas médicas inadecuadas, pues podrán acceder a clínicas legales que cumplen con todos los requisitos. Además habrá un registro real de esta práctica que puede ser utilizado para mapear el problema y establecer mejores estrategias contra él. El embarazo adolescente, por ejemplo, parece ser más un problema de educación que de política criminal. Los embarazos no deseados en las zonas rurales son un conflicto cultural y de salud, no criminal.

Caso aparte son asuntos relacionados con violaciones o mujeres gravemente enfermas, con enfermedades terminales o incapacidades mentales. Creo que en estos casos los sistemas de salud del Estado si deben procurar el acceso a un aborto gratuito.

Al final mi posición es pragmática: combatir el aborto desde lo penal y punitivo es un error y solo ha significado el aumento de los efectos letales de estas prácticas. El Estado ha fallado al enfrentar este problema desde el código penal y no puede hacerlo desde otros frentes porque no tiene las herramientas. Y las herramientas que el Estado necesita son datos, información, estadística, números. Toda esta información, hoy, es clandestina. Necesitamos traerla a la luz para poder actuar.

Así las cosas, para evitar que nuestras hijas aborten, debemos despenalizar el procedimiento. Para poder actuar en contra de un fenómeno, primero debemos conocerlo. Y el Ecuador no conoce a profundidad el fenómeno del aborto. Solo por esto, debe ser liberado de toda sanción.