Yo te ofrezco…

 

… busca quién te dé.

Así funcionan nuestros poderes estatales. El ejecutivo ofrece cosas que la Asamblea no está dispuesta a legislar; ésta saca leyes que el Presidente no puede cumplir porque no tiene fondos. Y así también con la función judicial.

Cuando creamos esta Constitución ultragarantista, no nos dimos cuenta que todas esas maravillosas garantías tenían que protegerse mediante procesos judiciales. Pero no reformamos el sistema judicial. Luego, asumimos preferencias legales para grupos minoritarios como mujeres y niños, lo que está bien; pero tampoco reforzamos el sistema judicial.

 Hoy, revisando las últimas reformas que hace la Asamblea al Código Orgánico Integral Penal, veo que la Asamblea le da plazo a la judicatura para que haga los cambios que se legislaron. Esto incluye mejoras de infraestructura, nueva infraestructura, más jueces, etc. Es decir, el poder legislativo le ordena al poder judicial hacer gastos millonarios, mientras el poder judicial está demandando al poder ejecutivo por algo así como 250 millones que le falta para poder sostener la estructura que ya tiene. ¿Cómo va a completar la estructura que le ordena el legislativo?

Es que nuestros políticos son idiotas. O nos creen idiotas. Son incapaces de coordinar una política pública bien hecha. Los asambleístas creen que porque escribieron una ley, la plata va a aparecer por obra de magia. El aparato judicial no va a poder cumplir con lo ordenado en el nuevo COIP, o lo hará de manera mediocre. Para hacerlo, además, necesita que el ejecutivo le asigne fondos permanentes, con plata que no hay. No se está solucionando nada, al contrario: se está fabricando nuevos problemas.

El eventual incumplimiento de la judicatura va a ser reclamado por la legislatura, para defenderse, habrá que echar la culpa al ejecutivo. Y, así, nos van a entretener muchos años más con estas peleas entre poderes, mientras los de siempre nos siguen desangrando.

¡Organícense! ¡Hagan algo bien, una vez en su vida!

Cada organismo del estado anda suelto por su lado, como una manada de perros callejeros, buscando algún desprevenido (nosotros, la sociedad) a quien robarle el pan de la mano.

Tan perdidos andan, que la función judicial quiere hacer un allanamiento a la función electoral… y no puede. Pero a Carondelet ya se han metido varias veces… y no han encontrado nada.

En estas reformas del COIP sobre las que hoy escribo, se dispone al Consejo de la Judicatura implementar mejoras y cambios en 90 días. Los que hemos estado cerca de la cosa pública sabemos que en ese plazo ni siquiera se logra terminar un proceso de contratación. ¿Cómo esperan que la judicatura cumpla? Mucho menos cuando, quedó dicho, el judicial demanda al ejecutivo por millones de dólares que le faltan.

El perro manda al gato, el gato manda al ratón. ¿Qué hará el ratón?

Cuando ellos empiecen a tirarse la culpa del seguro incumplimiento, ninguno de nosotros recordará que esta falla viene prefabricada desde la misma reforma a la ley. Es decir, o son torpes o lo hicieron a propósito para sostener el desorden político que vivimos en el país.

Y nombro el COIP porque es lo actual y lo que mejor conozco. Pero es igual en casi todo ámbito.

Por eso, insisto: a los políticos no hay que pedirles soluciones. Solo hay que pedirles que saquen al Estado de nuestras vidas, y que nos devuelvan las herramientas para atender nuestras necesidades por nosotros mismos. Devuélvannos la economía, la seguridad, la educación, la salud y la dignidad.

No queremos ser arrimados del Estado. Queremos progresar y crecer por nuestros propios medios. Y somos perfectamente capaces de hacerlo, si los políticos dejaran de estorbarnos. No queremos que el Estado nos “de” nada que no nos haya quitado antes. Queremos que nos devuelva lo que antes teníamos y nos hacía fuertes. No queremos que nos ayuden: con que no nos jodan es suficiente.

Ritmo político

 

El país se precipita al abismo a un ritmo frenético. Y hago énfasis en el ritmo.

Para los que verdaderamente nos oprimen y explotan, hacer que las cosas pasen rápido es estratégico. No tenemos tiempo ni siquiera de comprender bien un problema, y ya tenemos otro en la puerta. Los políticos se han dedicado a revolver el río, para que sus oscuros patrones (o ellos mismos) puedan pescar a placer.

Y nuestra sociedad, sobrecargada con el lastre de los políticos, no alcanza a reaccionar.

Creo que todos lo tenemos claro: quienes marcan el ritmo de la inestabilidad en Ecuador son los políticos. Y se encargan de generar más problemas de los que resuelven. Obviamente, si alguien da más problemas de los que soluciona, es simplemente un inútil o un saboteador. Los ecuatorianos no necesitamos ni uno ni otro.

Si, es obvio: el problema son los políticos. Hay que librarnos de ellos.

Pero, sin ellos, ¿quién marcará el ritmo y dirección del país?

En una sociedad realmente organizada, el ritmo del país se marca por el egregor de sus habitantes. Una especie de conciencia común que, representada sabiamente por quienes son elegidos para dirigir, nos da la pauta, la línea y el paso.

Reconocernos diversos ha servido para concienciar sobre la existencia del otro, del diferente. Pero también se ha tergiversado el concepto al punto que carecemos de una identidad nacional unitaria y, por eso, no tenemos conciencia común. Es necesario recrear el concepto de multiculturalidad desde la unidad, y pelear férreamente con quienes difunden ideas separatistas.

Pero lo más urgente es cambiar nuestro sistema electoral, para devolverle el poder de elegir al pueblo. Necesitamos una democracia más simple, donde un voto valga un voto. No como hoy, que votamos en listas cerradas, esas mismas listas se hacen con reglas de paridad, y finalmente, los votos se reparten mediante métodos de asignación con antojadizas fórmulas matemáticas elegidas a conveniencia de los políticos.

El resultado es obvio: no llegan al poder los que nosotros queremos, sino los que el mismo sistema permite.

El Ecuador no podrá tener el ritmo que los ecuatorianos queremos, si no nos dejan elegir a los administradores que nosotros queremos.

Nuestro país necesita reformas orgánicas y estructurales profundas que solamente pueden hacerse desde la Asamblea. Si, es verdad que también nos hará falta una nueva constitución, pero mientras eso sucede, bien se puede hacer cambios normativos que subsanen las falencias del Estado. Desde el legislativo se puede diseñar un aparataje legal que limite la injerencia arbitraria de los tomadores de decisiones, a fin de que no decidan con la barriga, sino sobre bases jurídicas y técnicas adecuadas.

Realmente podemos llenar todo un diario con ideas de qué se puede mejorar. Sin embargo, difícilmente esas ideas llegarán a discutirse en ningún círculo. Los políticos actuales no están interesados en soluciones, y la gente del común no atiende estas discusiones porque los políticos nos tienen ocupados en sobrevivir.

Así siendo, para cambiar el ritmo del Ecuador, primero hay que cambiar el ritmo de los ecuatorianos Y para eso, obligatoriamente tenemos que resolver el problema que la violencia oculta: el problema económico.

Hay que devolverle el poder económico y político a la gente.

Para lograr esto, es indispensable reducir el Estado, no solamente en cuanto a despedir funcionarios y no gastar en tonterías, sino lograr que el Estado tenga menos injerencia en la inversión privada. Un sistema que permita un intercambio fluido y sin fricciones, tanto de productos como de ideas, tecnología, conocimiento, dinero, información… Un país que no ponga límites a sus ciudadanos.

 

Porte de armas

Con el revuelo que ha causado este tema en los últimos días, es menester dejar algunas cosas claras.

Lo primero es saber que hay una diferencia entre la tenencia y el porte de armas. La tenencia habilita a tener un arma en un lugar específico, como un domicilio o un negocio. El porte habilita a andar con esa pistola en la calle.

En el Ecuador, desde hace décadas, está permitida la tenencia de armas, bajo ciertos requisitos. Es decir, siempre hemos podido tener una pistola en casa. Desde aquí ya se cae un bulo, y es que los delitos intrafamiliares y el femicidio no deberían aumentar, pues esos delitos se cometen dentro del ámbito del hogar y, como vemos, siempre hemos podido tener armas en casa, así que ese riesgo ni aumenta ni disminuye.

Otro dato importante es saber que en el Ecuador históricamente hemos tenido permitido el porte de armas regulado. Es decir, no hay LIBRE porte de armas, sino condicionado a los requisitos de ley. Otra mentira que se cae: el porte de armas no es “al público”, sino a un grupo específico de personas que puedan justificar los requisitos legales.

Además hay que saber que no va a haber armas disponibles en cualquier esquina. La importación de armas tiene requisitos complicados, y los locales en los que se permita la venta también deben cumplir con muchísimos requisitos. Al final, las armas solo se van a vender en pocos lugares específicos, cumpliendo con muchos requisitos y las armas serán bastante costosas. No todos podremos acceder a ellas, tanto por los requisitos como por su costo,

Debemos tener claro también que el porte de armas no es un elemento influyente en la estadística de homicidios. Si revisamos la evolución de la tasa de homicidios en nuestros vecinos de Latinoamérica de las últimas décadas, vamos a encontrar que la gran mayoría de nuestro continente tiene evoluciones similares. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los demás aumentan y/o disminuyen su porcentaje de homicidios más o menos de manera similar. Entonces, si cada país ha tenido diferentes políticas sobre el porte de armas durante los últimos treinta años, ¿Por qué sus tasas de homicidio fluctúan de manera similar? Se cae otra mentira, de hecho dos: el porte de armas ni disminuye ni aumenta los homicidios en nuestros países.

Obviamente, en el Ecuador el crimen va a seguir subiendo, esa es la tendencia. Pero nada tiene que ver, científicamente, con el porte de armas.

Yo creo que la mayor parte de personas que accedan al permiso de porte de armas serán gente que ya tenga el permiso de tenencia, así que tampoco es que las calles se van a inundar de pistolas.

De otro lado, debemos recordar que si bien nuestra Constitución obliga al Estado a garantizar nuestra seguridad, no es menos cierto que aún mantenemos el derecho personal a defendernos. Que esto quede claro: ¡tenemos derecho a defendernos! Y si el Estado falla en la garantía de seguridad, pues que al menos no nos prohíba las herramientas para ejercer ese derecho por nosotros mismos.

Sepan también que un arma regulada es un peso enorme. Todo lo que suceda con ese aparato es de directa responsabilidad de quien conste como titular. Y si se utiliza para hacer daño a alguien o a algo, el dueño de la pistola será investigado por Fiscalía, donde se deberá justificar que el uso que se le dio fue lícito y apegado a parámetros de legítima defensa.  Así que, además de saber disparar, el dueño de un arma regulada tiene que saber conceptos jurídicos mínimos, porque obligatoriamente será investigado cada vez que use esa arma.

Dejo explicando que el tema no es tan feo como nos muestran los memes, y que tampoco será tan fácil obtener un permiso. Espero que ya puedan dormir tranquilos.