Ritmo político

 

El país se precipita al abismo a un ritmo frenético. Y hago énfasis en el ritmo.

Para los que verdaderamente nos oprimen y explotan, hacer que las cosas pasen rápido es estratégico. No tenemos tiempo ni siquiera de comprender bien un problema, y ya tenemos otro en la puerta. Los políticos se han dedicado a revolver el río, para que sus oscuros patrones (o ellos mismos) puedan pescar a placer.

Y nuestra sociedad, sobrecargada con el lastre de los políticos, no alcanza a reaccionar.

Creo que todos lo tenemos claro: quienes marcan el ritmo de la inestabilidad en Ecuador son los políticos. Y se encargan de generar más problemas de los que resuelven. Obviamente, si alguien da más problemas de los que soluciona, es simplemente un inútil o un saboteador. Los ecuatorianos no necesitamos ni uno ni otro.

Si, es obvio: el problema son los políticos. Hay que librarnos de ellos.

Pero, sin ellos, ¿quién marcará el ritmo y dirección del país?

En una sociedad realmente organizada, el ritmo del país se marca por el egregor de sus habitantes. Una especie de conciencia común que, representada sabiamente por quienes son elegidos para dirigir, nos da la pauta, la línea y el paso.

Reconocernos diversos ha servido para concienciar sobre la existencia del otro, del diferente. Pero también se ha tergiversado el concepto al punto que carecemos de una identidad nacional unitaria y, por eso, no tenemos conciencia común. Es necesario recrear el concepto de multiculturalidad desde la unidad, y pelear férreamente con quienes difunden ideas separatistas.

Pero lo más urgente es cambiar nuestro sistema electoral, para devolverle el poder de elegir al pueblo. Necesitamos una democracia más simple, donde un voto valga un voto. No como hoy, que votamos en listas cerradas, esas mismas listas se hacen con reglas de paridad, y finalmente, los votos se reparten mediante métodos de asignación con antojadizas fórmulas matemáticas elegidas a conveniencia de los políticos.

El resultado es obvio: no llegan al poder los que nosotros queremos, sino los que el mismo sistema permite.

El Ecuador no podrá tener el ritmo que los ecuatorianos queremos, si no nos dejan elegir a los administradores que nosotros queremos.

Nuestro país necesita reformas orgánicas y estructurales profundas que solamente pueden hacerse desde la Asamblea. Si, es verdad que también nos hará falta una nueva constitución, pero mientras eso sucede, bien se puede hacer cambios normativos que subsanen las falencias del Estado. Desde el legislativo se puede diseñar un aparataje legal que limite la injerencia arbitraria de los tomadores de decisiones, a fin de que no decidan con la barriga, sino sobre bases jurídicas y técnicas adecuadas.

Realmente podemos llenar todo un diario con ideas de qué se puede mejorar. Sin embargo, difícilmente esas ideas llegarán a discutirse en ningún círculo. Los políticos actuales no están interesados en soluciones, y la gente del común no atiende estas discusiones porque los políticos nos tienen ocupados en sobrevivir.

Así siendo, para cambiar el ritmo del Ecuador, primero hay que cambiar el ritmo de los ecuatorianos Y para eso, obligatoriamente tenemos que resolver el problema que la violencia oculta: el problema económico.

Hay que devolverle el poder económico y político a la gente.

Para lograr esto, es indispensable reducir el Estado, no solamente en cuanto a despedir funcionarios y no gastar en tonterías, sino lograr que el Estado tenga menos injerencia en la inversión privada. Un sistema que permita un intercambio fluido y sin fricciones, tanto de productos como de ideas, tecnología, conocimiento, dinero, información… Un país que no ponga límites a sus ciudadanos.

 

Porte de armas

Con el revuelo que ha causado este tema en los últimos días, es menester dejar algunas cosas claras.

Lo primero es saber que hay una diferencia entre la tenencia y el porte de armas. La tenencia habilita a tener un arma en un lugar específico, como un domicilio o un negocio. El porte habilita a andar con esa pistola en la calle.

En el Ecuador, desde hace décadas, está permitida la tenencia de armas, bajo ciertos requisitos. Es decir, siempre hemos podido tener una pistola en casa. Desde aquí ya se cae un bulo, y es que los delitos intrafamiliares y el femicidio no deberían aumentar, pues esos delitos se cometen dentro del ámbito del hogar y, como vemos, siempre hemos podido tener armas en casa, así que ese riesgo ni aumenta ni disminuye.

Otro dato importante es saber que en el Ecuador históricamente hemos tenido permitido el porte de armas regulado. Es decir, no hay LIBRE porte de armas, sino condicionado a los requisitos de ley. Otra mentira que se cae: el porte de armas no es “al público”, sino a un grupo específico de personas que puedan justificar los requisitos legales.

Además hay que saber que no va a haber armas disponibles en cualquier esquina. La importación de armas tiene requisitos complicados, y los locales en los que se permita la venta también deben cumplir con muchísimos requisitos. Al final, las armas solo se van a vender en pocos lugares específicos, cumpliendo con muchos requisitos y las armas serán bastante costosas. No todos podremos acceder a ellas, tanto por los requisitos como por su costo,

Debemos tener claro también que el porte de armas no es un elemento influyente en la estadística de homicidios. Si revisamos la evolución de la tasa de homicidios en nuestros vecinos de Latinoamérica de las últimas décadas, vamos a encontrar que la gran mayoría de nuestro continente tiene evoluciones similares. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y los demás aumentan y/o disminuyen su porcentaje de homicidios más o menos de manera similar. Entonces, si cada país ha tenido diferentes políticas sobre el porte de armas durante los últimos treinta años, ¿Por qué sus tasas de homicidio fluctúan de manera similar? Se cae otra mentira, de hecho dos: el porte de armas ni disminuye ni aumenta los homicidios en nuestros países.

Obviamente, en el Ecuador el crimen va a seguir subiendo, esa es la tendencia. Pero nada tiene que ver, científicamente, con el porte de armas.

Yo creo que la mayor parte de personas que accedan al permiso de porte de armas serán gente que ya tenga el permiso de tenencia, así que tampoco es que las calles se van a inundar de pistolas.

De otro lado, debemos recordar que si bien nuestra Constitución obliga al Estado a garantizar nuestra seguridad, no es menos cierto que aún mantenemos el derecho personal a defendernos. Que esto quede claro: ¡tenemos derecho a defendernos! Y si el Estado falla en la garantía de seguridad, pues que al menos no nos prohíba las herramientas para ejercer ese derecho por nosotros mismos.

Sepan también que un arma regulada es un peso enorme. Todo lo que suceda con ese aparato es de directa responsabilidad de quien conste como titular. Y si se utiliza para hacer daño a alguien o a algo, el dueño de la pistola será investigado por Fiscalía, donde se deberá justificar que el uso que se le dio fue lícito y apegado a parámetros de legítima defensa.  Así que, además de saber disparar, el dueño de un arma regulada tiene que saber conceptos jurídicos mínimos, porque obligatoriamente será investigado cada vez que use esa arma.

Dejo explicando que el tema no es tan feo como nos muestran los memes, y que tampoco será tan fácil obtener un permiso. Espero que ya puedan dormir tranquilos.

Quietos

 

Todos estamos quietos. La delincuencia nos obliga a reducir nuestras actividades en todo sentido. Esto, por supuesto, significa que ocupamos menos servicios y adquirimos menos productos; o sea, gastamos menos. Si gastamos menos, alguien gana menos. Este es el círculo vicioso de la crisis económica: no tenemos plata y no gastamos, como no gastamos, otros no tienen plata y así sucesivamente.

Pero la delincuencia es solo un factor, y es un factor circunstancial. Cotopaxi tiene su economía parada por causas mas bien estructurales y la deficiencia de los administradores locales.

Nuestra provincia es un productor agrícola deficientemente explotado y hasta hace dos décadas teníamos una significativa participación industrial. Debemos apuntalar estas dos fuentes de ingresos y potenciar el mercado de servicios.

Para mejorar la producción agrícola necesitamos reducir los costos de producción e incentivar la explotación de tierras ociosas. Esto solo se logra convirtiendo a Cotopaxi en una zona económica especial, y la mayor parte de requisitos los tenemos. Nuestra gobernación debe elevar la alerta a la Presidencia de la República y nuestros Asambleístas deben proponer las reformas normativas necesarias a fin de que nuestros agricultores se beneficien de mejores condiciones económicas, incluyendo una reforma al Código del Trabajo que permita relaciones laborales más flexibles y adecuadas a la realidad.

Una vez apuntalada la producción, hay que vender lo producido. La prefectura y las alcaldías deben permitir mercados mayoristas reales, solo de productores acreditados y además gestionar dos mercados de transición (uno en La Maná y otro en Latacunga o Salcedo) por medio de los cuales se centralice el abasto a otras provincias beneficiando a pequeños productores que normalmente no pueden conectar con compradores en el resto del país.

Con respecto a la industria, también dependemos de ser catalogados como zona económica especial. Sin embargo, no es menos cierto que nuestros gobiernos locales no han planificado zonas industriales adecuadas y tampoco han modificado sus ordenanzas para reducir la carga impositiva que los emprendedores deben soportar. Una ciudad bien organizada y con beneficios a los emprendedores es campo fértil para las iniciativas privadas.

El mercado de servicios está en grave riesgo. Los proveedores de servicios independientes (abogados, arquitectos, constructores, terapistas…) se han visto en la obligación de reducir sus precios hasta valores ridículos, con tal de tener algo en el bolsillo. Causa competencia desleal y fuga de talentos.

Los médicos, sobre todo en Latacunga, parece que tienen algún avance: hay clínicas construyéndose por todo lado.

Hay que regresar a ver a los servicios relacionados con las tecnologías, pues estos negocios pueden atender clientes a nivel mundial y nuestros muchachos se encuentran muy relacionados ya a estos negocios. Lo mismo: medidas de aliento que llamen a los emprendedores. Otras propuestas que pueden potenciar nuestros gobiernos locales son las incubadoras de emprendimientos y los centros de trabajo compartido. Estas iniciativas permiten que emprendedores inicien sus actividades con pocos costos iniciales, con apoyo técnico y asesoría.

Piensen en esto: una muy buena parte de los profesionales de alto reconocimiento que encontramos en las grandes ciudades, son cotopaxences o descendientes de cotopaxences. Nuestros productos del agro se venden en todo el país pero mediante intermediarios. Tenemos zonas abiertas que están listas para recibir industria, pero no hay organización territorial. Los que decidimos quedarnos en nuestra tierra, la pasamos muy feo enfrentando un mercado debilitado y sistemas públicos atentatorios.

Quietos estamos. Y no podemos seguir así.

De parte de los ciudadanos, es urgente volver a organizarnos. Las asociaciones barriales deben retomar peso en la política. Las asociaciones profesionales deben ganar posición dentro de las decisiones de la autoridad de sus ramos y, sobre todo, adelantar la investigación y el desarrollo de nuevas teorías/tecnologías.

Los que hacemos opinión debemos regresar a ver a la política activa. Los que se viven quejando, deben empezar a hacer opinión fundamentada. Los que no hacen nada, es momento de hacer algo.

Los problemas económicos, por desgracia, deben arreglarse en el campo político y para eso nos es obligatorio tener mejores representantes y autoridades. Al final, nosotros los elegimos.

Ya no podemos seguir quietos.

Nos toca, a los cotopaxenses, levantarnos de donde nos han dejado tirados, aprender cómo funciona el mundo actual (incluyendo la política) y actuar. Nada se logra solo pensando, y casi nada se consigue solo diciendo. Es hora de hacer.

 

Desglobalizar

 

Para todos los que tenemos al menos un par de décadas de edad, no nos es desconocido el término “globalización”. En sí, la idea es que el mundo entero sea una sola entidad económica, basada en reglas más o menos homogéneas donde cualquier producto pueda ser comercializado en cualquier parte del mundo. Con este concepto también viene la globalización de las ideas e ideologías, de los avances científicos y del arte. Pero, en el mal sentido, también se globalizan los problemas sociales y la guerra.

Para países como el nuestro, básicamente productores primarios, parece una buena idea. Así, mediante tratados de libre comercio, el productor ecuatoriano puede poner sus productos en vitrinas muy lejanas. Esto genera ingresos.

Pero nuestro país solo exporta masivamente un limitado menú de productos. Y para estos productos se está dedicando muchísimo esfuerzo que es muy necesario en otros rubros.

Con la pandemia del 2020 debimos habernos dado cuenta del problema de ser productor primario en un mundo globalizado.

Ecuador, por ejemplo, emplea miles de hectáreas en la producción de flores y camarones para exportación. Pero todavía no podemos abastecer los mercados internos con comida barata y variada. La mayor parte de la producción nacional no es sostenible a largo plazo en términos económicos ni ecológicos. Mucho menos en un país con fuertes imposiciones tributarias e inestabilidad política y jurídica.

Europa no ha sido ajena a los efectos malos de la globalización: con la guerra de Ucrania y Rusia, los países europeos se dieron cuenta de la dependencia de los recursos de esos dos países (energía y trigo). Es decir, muchos países europeos no se preocuparon de producir más energía y más comida, en la seguridad de sus tratados comerciales con los hoy combatientes.

Y no podemos vender al extranjero lo que necesitamos casa adentro. Somos como el carnicero, que vende la mejor carne, pero en su casa viven con agua de panela.

Desglobalizar no quiere decir apartarnos del mundo. Simplemente es necesario, en primer lugar, poder sufragar todas las necesidades del país por nuestros propios medios. En escenarios como la pandemia, una guerra o una recesión económica de escala mundial (que según se dice está muy próxima), deberemos ser capaces de mantener el país a flote.

Esto tiene que ver con conceptos constitucionales como la soberanía alimentaria. Pero también afecta a otras áreas como la cultura, la salud y la educación.

Por supuesto, el ejemplo de los alimentos puede ser más fácil de comprender, sin embargo, en las áreas sociales el fenómeno no es diferente. Actualmente casi toda comunicación, noticia o viralización, lo recibimos del exterior. Hemos perdido la cultura propia, la identidad, los valores nacionales, la proyección de país… Y han cedido al “mainstream” (tendencia mayoritaria) que hoy por hoy pulula en redes sociales y ya no en nuestras escuelas y universidades.

Otro rubro es la tecnología: no desarrollamos avances propios porque estamos acomodados a lo que recibimos de las potencias mundiales, a cambio de nuestros productos primarios.

Exportar no nos hace globales. Al contrario: somos meros proveedores de un mundo que avanza sin contar con nosotros. Un mundo al cual no le interesamos sino en tanto y cuanto somos capaces de darles recursos baratos. Incluida la mano de obra de nuestros migrantes, porque la dignidad tampoco se ha globalizado.

Cuando el mundo se descalabra, solo se sobrevive con fortaleza nacional. Nuestro país no tiene fortaleza, está desarmado frente al planeta que también se desarma. No podemos confiar en el planeta. Debemos confiar en nosotros mismos.

Es urgente regresar a ver hacia adentro. No podemos enfrentar la sociedad del mañana si aún no hemos resuelto problemas del siglo anterior. Y nadie nos va dar haciendo.

 

Mano propia

 

Dejemos algo claro desde el principio: no voy a hablar de “justicia indígena”. En mi ideario personal ese concepto no tiene asidero técnico y tampoco tiene un parámetro objetivo de ancestralidad. Habrá excepciones, como en tribus del oriente, por ejemplo. Tampoco quiero decir que se desconozca los procesos extrajudiciales de resolución de conflictos internos que puedan tener lo miembros de organizaciones como comunas y recintos. Además, esa discusión aún está abierta y todavía ruego que llegue alguien que me haga cambiar de opinión.

Hoy hablo de otra cosa.

Lo de hoy es capturar a un delincuente y darle palo. Eventualmente, matarlo. Digan lo que digan los pseudo dirigentes, ahí no hay un debido proceso ni respeto a derechos de ningún tipo. Pero no todo es malo ni bueno por si mismo, por eso hay que explicarlo con un análisis objetivo.

Verán, la ley del ojo por ojo fue la manera más aceptada de impartir justicia desde hace milenios. Antiguamente, el gobernante, cuando llegaba a determinar que había sucedido un injusto, disponía que el causante sufra el mismo injusto; a veces, de manos de la propia víctima, para que todo sea más “justo”.

Cuando nuestras sociedades aprendieron a organizarse alrededor de lo que hoy llamamos “Estado”, los individuos debieron ceder muchos derechos y libertades a cambio de que el Estado les garantice otros y les permita, juntos, alcanzar metas más grandes. Es obvio: solito no puedo, juntos como Estado si podemos, pero tenemos que ceder algunas individualidades.

Con la justicia no es diferente. La venganza, que para algunos es un derecho natural, se cede al Estado, para que sea él quien dé el tratamiento más adecuado a la situación. De esta forma, en teoría, se evitaba abusos, se humanizaba y racionalizaba la justicia y se llegaría a parámetros de paz y convivencia social adecuados.

La idea es que si me cortan una pierna, en el sistema del ojo por ojo, yo le puedo cortar la pierna al agresor. Pero la sociedad sufría el doble, porque ahora hay dos personas baldadas y, al final, hay dos delincuentes. Al principio del ejemplo había una persona buena y una mala, una baldada y otra sana. Al final del ejemplo había dos personas malas y lisiadas. Es decir, la solución era peor que la enfermedad.

Hoy, el Estado se ocuparía de la venganza, así la persona buena sigue siendo buena, y la persona mala eventualmente podría ser rehabilitada o al menos separada de la sociedad. El castigo sería más “humano” y la sociedad sufriría menos.

Cuando el sistema falla, el bueno puede seguir siendo bueno, pero el malo termina sin ser castigado, ni rehabilitado, ni apartado de la sociedad. Además, la comunidad pierde la confianza en su sistema y esto genera frustración, ira y por tanto, sufrimiento.

Es que la meta del Estado no es solamente ahorrar el sufrimiento social, sino reducir la delincuencia. Esto solo se logra con un sistema judicial que funcione bien. Cuando los juicios llegan a finales adecuados en tiempos adecuados, la sociedad vuelve a confiar en el sistema y deja de lado el método de justicia por mano propia. Los delincuentes, al observar que el sistema es eficiente, dejan de delinquir o se van a países con sistemas más débiles.

Las noticias hoy comunes de ajusticiamientos y castigos extrajudiciales no solo son el resultado del aumento de la delincuencia, sino el síntoma y efecto de un sistema judicial inútil. Si el Estado quiere volver a tener una sociedad tranquila, no le basta aumentar policías, o seguirse haciendo el loco con los ajusticiamientos, sino recomponer el sistema judicial.

Y no hablamos solamente de cambiar a los jueces y fiscales, sino de reorganizar el sistema, desde sus bases, para que los juzgamientos puedan ser más ágiles y eficientes, incluyendo la forma en que se tramitan y la forma en que los jueces están obligados a valorar las pruebas.

Es tiempo de, al menos, hablar de un sistema de juzgamiento por jurados. Es decir, que un grupo de ciudadanos sean los que determinen si alguien es culpable o inocente, y no un juez. Así se hace en Estados Unidos. No es perfecto, pero, insisto, al menos discutámoslo en Ecuador.

Desmanes

 

Creo que ya todos vimos los videos de los desmanes que se dieron en este último feriado, sobre todo en las provincias de la costa. Horroroso.

Me llama mucho la atención ver los comentarios generales en redes sociales donde, casi siempre, lo único que hacemos es buscar culpables. Y esos culpables, de alguna manera, acaban siendo los agentes de gobierno. ¿No nos cansamos de echarle la culpa de todo al gobierno?

Somos como el niño que reiteradamente se mete tierra a la boca, y culpa a sus padres porque no lo impiden.

Es claro: la Policía está reducida y no cuenta con los mecanismos para enfrentar desmanes masivos; además, las leyes los tienen castrados porque no pueden ni lanzar un poco de gas lacrimógeno sin que les caigan juicios y el ataque de las agrupaciones libertinas de siempre. La autoridad local, que es la que debería haber controlado el expendio de licores y el uso de la vía pública también falló, porque un simple comisario con un puñado de agentes municipales, igual o más castrados que la Policía, no puede hacer frente a la marea. ¡Es que no se les puede pedir imposibles!

Si, nuestras autoridades de control en todos los niveles son incapaces de actuar. De un lado no tienen los recursos suficientes, incluyendo el recurso humano; y de otro, no tienen leyes drásticas que puedan aplicar ni sistema judicial que los haga valer. En Ecuador hacemos lo que se nos pega la gana, simplemente porque se puede.

El ecuatoriano promedio, quedó visto, es un animal de instintos bajos. Mucho más ahora, en una sociedad que relativiza todo, que tolera todo. Hemos llegado al punto en que las personas de bien, los inteligentes, los honestos, los que tienen principios y que somos la mayoría, debemos callarnos por no ofender a las minorías perversas, a los desviados, a los estúpidos.

Entonces debo retractarme: el ecuatoriano promedio no es malo, porque dije ya que la mayoría es buena. Pero, ¿de qué sirve una mayoría callada? De nada sirve ser buenos e inteligentes si somos cobardes.

Durante las últimas décadas hemos enviado a los menos aptos a hacer las leyes que rigen el país. ¡Esto es culpa de ellos! Y por ley de la carambola, culpa nuestra que los elegimos. Si, pusimos a decidir nuestros destinos a un puñado de bailarinas, futbolistas, faranduleros y otros quientanserán. Y estas son las consecuencias.

Siempre pido disculpas por las excepciones, que las hay, pero lamentablemente siempre son excepciones. Porque he visto Asambleístas valientes y de discurso coherente, pero no tienen rating, no venden.

Al final del día, los desmanes de carnaval si tienen que ver con el gobierno. Pero no con el actual por su incapacidad de controlar, sino de los anteriores, por su negligencia en el manejo de la República. El sistema educativo es un asco, el judicial mucho más, el aparataje legal es un cernidor por donde se escurre cualquier lixiviado y todo esto ha redundado en un grupo poblacional desquiciado, incapaz de decidir sus propias conductas. Mientras todo esto sucede, la mayoría hace silencio; o, peor: nos mostramos aquiescentes por miedo a caerles mal a los desviados.

El país está roto. Sin unidad, sin principios, sin identidad. Somos el pueblo de nadie donde cualquier exiliado de Macondo puede, sin problemas y con el aplauso de todos, volverse famoso y hasta hacer política. Ya no damos pena sino desesperación.

Con este tipo de sociedad, donde los idiotas reinan y los mejores callan, ¿cómo nos organizaremos para defendernos de lo que se viene? Cuando se acabe de instalar aquí la violencia, seguro, preferiremos negociar nuestros principios antes que defenderlos. Y si la mayoría sigue callada, esa será la mejor opción.

¿Quiénes somos?

 

 

Luego del paro, y comprometidos todos a volver a poner en marcha nuestro país, no podríamos hacerlo bien sin antes saber quiénes somos y cómo llegamos a la situación en la que estamos. Desde ahí, deberemos entender que hay cosas muy arraigadas en nosotros que pueden ser simplemente mentira, y que tenemos que cambiarlas. Si no, no podremos avanzar.

Al día de hoy, nuestra sociedad actúa en base a emociones y no en base a la razón. Además, durante décadas nos han metido ideas en la cabeza que no necesariamente son verdaderas y que fueron inventos de engatusadores de turno.

Una gran mentira es la de los 500 años de lucha y resistencia indígena. De hecho, son muchos años más lo que nuestros pueblos originarios llevan resistiendo. En lo que hoy es Ecuador, en las primeras etapas de las que se tiene alguna investigación, parece, que existían los denominados Cacicazgos, lo que básicamente eran grupos de población organizados bajo el dominio de un Cacique y que, aparentemente, dominaba en base a la represión, la violencia y la esclavitud. En un momento posterior llega la colonización, pero no de España, sino del imperio Inca. Este imperio, como cualquier otro imperio, se expandió y dominó por las armas y la violencia. Así, el famoso Tahuantinsuyo no fue ni puede seguir siendo un sueño ideal de unidad andina, sino que se trataría de un imperio despótico, opresor, genocida y esclavista.

Para cuando llegan los españoles, en la América Andina no habían pueblos originarios establecidos (excepto unos pocos en la sierra y en la costa y los del oriente) sino nacionalidades sin territorio esclavizadas bajo el yugo del Inca. Así siendo, España no llega a subyugar, sino que desplaza al gobierno imperial incásico (obvio, por la fuerza) y hereda las estructuras de explotación que ya estaban instaladas en América. El imperio español no subyugó a los pueblos nativos, porque éstos ya estaban subyugados. Obvio, tampoco es que les hayan dado libertad.

La independencia nacional, donde nos liberamos del imperio español, fue canalizada a través de los criollos. Es decir, los mismos hijos de españoles nacidos en América que se cansaron de la explotación económica del Rey de España. Pero nos olvidamos que una gran cantidad de próceres eran, de hecho, indígenas. Obviamente, a ellos también les convenía acabar con el sistema imperialista y negociar en mejores términos el nacimiento de una nueva república. Así que la independencia del Ecuador se forjó con intereses, sangre, sudor y lágrimas de indígenas y criollos por igual.

Hasta aquí, indios y criollos están empates. Nadie debe nada a nadie, porque juntos creamos esta República.

Lo que si pasó es que, advenida la independencia, dejamos de conversar entre nosotros. Los criollos se dedicaron a la producción, porque su interés siempre fue económico y, parece, que entre los indígenas, en lugar de rehacer sus estructuras sociales, simplemente revivieron a los Caciques, lo que significó retrasar su evolución social.

Llegamos al día de hoy con diferencias ridículas. El mestizo quiere avanzar dentro del mundo actual, bajo parámetros de producción y libertad. Muchos indígenas siguen amancebados en la idea de un imperio, al que ahora quieren llamar “Comunismo Andino”. Esto, básicamente significa la reconstrucción del Tahuantinsuyo como imperio y al Rey Inca como único poder totalitario, disfrazado en la figura de un presidente o líder regional.

Tan arraigada sigue la idea del Cacique, que es bien conocido que una gran cantidad de hermanos indígenas siguen actuando “porque el dirigente ordena” y sin la más mínima razonabilidad sobre sus actos. Las modernas estructuras “de clase” que dominan el sector indígena son Cacicazgos disfrazados de estructuras orgánicas. Son, de facto, estructuras impositivas que para nada velan por el interés de la gente de base, sino solo por las motivaciones políticas y personales de los Caciques que hoy se han cambiado de nombre a “lideres sindicales”, “presidentes de juntas” o líderes de organizaciones como la Conaie, que definitivamente tiene otros y mejores fines que joder gobiernos.

Los hermanos indígenas viven en un micro imperio, dentro del territorio de una República democrática. Son engañados y explotados. Y el resto de sociedad se hace la ciega. Los gobiernos no comprenden el factor cultural que viene de la mano con la protesta violenta.

Urge una reforma educativa profunda y la creación de estructuras de gobierno a las que los hermanos indígenas puedan acceder, de forma directa y sin pseudo líderes intermediarios, para poder lograr sus objetivos que, a la final, son los mismos: más libertad y más dinero para vivir mejor.